Barcelona
La coalición Catalunya en Comú Podem (CECP) puso ayer negro sobre blanco el coste que tendrá para los contribuyentes catalanes su apoyo a las Cuentas de la Generalitat para 2019: casi 2.000 millones de euros más en gasto público. Según anunciaron ayer los comunes, las principales partidas que deberían incluir los Presupuestos catalanes para recibir su aval son el retorno de las pagas extras de 2013 y 2014 a los funcionarios (495 millones), la financiación de la escuela inclusiva (240 millones), generalizar el acceso al subsidio a las familias con menores ingresos -la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía- (200 millones), doblar la inversión en políticas de infancia (118 millones), y aumentar los recursos destinados a vivienda (450 millones, a los que también deberían contribuir diputaciones y ayuntamientos).
La propuesta de la coalición izquierdista incluye partidas de menor cuantía como la creación de 3.500 nuevas plazas en residencias para la tercera edad (84 millones), rebajar las tasas universitarias (50 millones), mantener las tarifas del transporte público (40 millones), o contratar a un millar de mossos y bomberos (30 millones), entre otras. Este incremento del gasto se añadiría a los 1.600 millones que el Govern ha introducido en su cálculo de desembolso adicional del proyecto de Presupuestos de 2019, que deberán destinarse fundamentalmente a pagar partidas que ya se están desplegando, como el abono de las nóminas por el incremento en la plantilla de docentes iniciado en 2017.
Para financiar este aumento del gasto público, los comunes proponen al conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, que introduzca una "reforma fiscal progresiva" que elimine las bonificaciones a los patrimonios más elevados que tributan por el impuesto de sucesiones y donaciones, incremente el IRPF al 2 por ciento de rentas más altas e introduzca nuevos tributos medioambientales. El documento presentado ayer por los comunes recuerda que los grupos parlamentarios que apoyan al Govern se han negado a aprobar subidas fiscales de este tipo en los Presupuestos anteriores.
Dudas en la Generalitat
Hasta ahora, la Consellería de Economía y Hacienda ha defendido que no incrementaría la presión fiscal, más allá de recuperar algunos de los tributos suspendidos por el Tribunal Constitucional, como el que deberían pagar las compañías proveedoras de ADSL o el que pesaría sobre los elementos radiotóxicos de las centrales nucleares. No obstante, ante el rechazo inicial de CECP a avalar los Presupuestos autonómicos, la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, ya abrió la puerta a una subida de impuestos más generalizada y admitió que la Generalitat "ha revisado la fiscalidad cada año". Lo que sí tiene claro el Ejecutivo catalán es que seguirá abriendo sus embajadas en el extranjero, como anunció ayer el nuevo conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch.
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