La aprobación de la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, más conocida como TTIP, rebajará la tasa de paro española casi el 1,5 %, gracias a los 334.000 nuevos empleos que este acuerdo puede generar por el aumento de los intercambios comerciales con Estados Unidos.
El incremento de la deuda pública, de casi 310.500 millones de euros desde el año 2011, se va a convertir en el punto negro de una gestión, la de Mariano Rajoy y su Gobierno, que ha sido muy polémica, pero ha conseguido devolver brío al PIB, mejorar el mercado laboral y reducir sustancialmente el déficit público.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, arrancó oficialmente ayer su campaña a la reelección en las urnas rodeándose de líderes europeos que no dejaron de piropearle, darle ánimos y felicitarle por los resultados de sus reformas. Entre todos ellos destacó la canciller alemana, Angela Merkel, que dedicó cinco minutos de su discurso a alabar al Gobierno y zanjó: "Mariano, tu Gabinete tuvo que hacer frente a un duro legado, pero cogió el toro por los cuernos y hoy todo ha cambiado. Felicidades por ese millón de empleos". Merkel se refería a la reducción del paro desde su punto más álgido, los seis millones de 2012.
Si los lectores de elEconomista fueran decisivos en las urnas, Albert Rivera sería presidente del Gobierno. Así se desprende de una encuesta que este periódico ha realizado desde el viernes y hasta ayer en elEconomista.es y que, sólo en el epígrafe en el que se preguntaba sobre qué partido debería gobernar España tras el 20 de diciembre, recibió casi 12.500 votos.
El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese límite se situaba en los 18.000 euros, por lo que el cambio es de una importancia sustancial.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sugirió ayer que esta región podría verse obligada a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo hizo durante la presentación de los presupuestos autonómicos para el próximo año, y se reconoció "un puntín cabreado" por algunas decisiones del Gobierno a la hora de contabilizar el déficit castellanoleonés.
Las denuncias públicas de particulares han permitido a la Agencia Tributaria destapar más de 3.300 fraudes a lo largo de esta legislatura. En la cifra no están incluidas las denuncias que terminan en delito fiscal, por lo que el número real sería en realidad algo mayor. En este sentido, el año 2015 batirá todos los récords: hasta principios de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda había levantado 885 actas de inspección por conductas fraudulentas, por lo que al término del ejercicio la cifra total podría acercarse e incluso superar las 1.200.
El Gobierno "no tocará una sola coma" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 pese a las advertencias de Bruselas, que el pasado lunes auguró que España incumplirá el déficit público de este año y del próximo e invitó a las autoridades a tomar medidas para evitar esos desvíos. Varios dirigentes del Ejecutivo y del grupo parlamentario del PP cerraron filas este martes en defensa de las Cuentas Públicas, insistieron en que "se va a cumplir el déficit" y dispararon contra la Comisión. "Llevan errando con los pronósticos de España desde el año 2012", aseguraron.
Desde Economía se insiste en que España cumplirá con el objetivo de déficit, pero lo cierto es que adelantar la segunda fase de la rebaja de impuestos le puede costar al Gobierno incumplir este año y partir en 2016 de una situación presupuestaria más complicada. Y ello se traducirá en un nuevo incumplimiento, que certificó la Comisión Europea en un polémico informe que llevaba una semana dando vueltas por los despachos sin ver la luz. Con todo, Rajoy asegura estar "muy tranquilo".
En 2016, el Ejecutivo tiene previsto desembolsar 8.200 millones más de lo que la norma permite. Las ventajas fiscales y para funcionarios dejan la Ley de Estabilidad Financiera en 'papel mojado'