En 2016, el Ejecutivo tiene previsto desembolsar 8.200 millones más de lo que la norma permite. Las ventajas fiscales y para funcionarios dejan la Ley de Estabilidad Financiera en 'papel mojado'
La devolución del céntimo sanitario el pasado año y el impacto de las rebajas fiscales en 2015 y 2016 han llevado al Gobierno a incumplir su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 con el objetivo de convertir la consolidación fiscal en el mantra de todas las políticas gubernamentales.
En concreto, el apartado de la ley que se incumple es el relativo a la Regla de Gasto, que impone no incrementar el capítulo de gastos por encima de la tasa de avance del PIB prevista a medio plazo. Esa tasa, que el Ministerio de Economía y Competitividad situó en su día en el 1,8 por ciento, fue rebasada en 2014 con un desvío del 0,18 po ciento; lo será en 2015 con un desfase del 0,3 por ciento; y volverá a superarse en 2016 por un 0,34 por ciento, según las estimaciones que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Los desfases son, además, acumulativos. Así, al gasto no permitido por ley de 2016, de un 0,34 por ciento del PIB, hay que sumarle los de los dos años anteriores. La cifra global arroja un exceso del 0,82 por ciento, 8.200 millones de euros por encima de lo que hipotéticamente permite esa Ley 2/2012 de Estabilidad, que a día de hoy parece haberse convertido en papel mojado.
Con la ley en la mano, el Ejecutivo sólo podría incrementar la partida de gasto un 1,8 por ciento el próximo año. Pero con las distintas medidas anunciadas en los últimos meses, con la rebaja del IRPF o el incremento del salario de los funcionarios, su margen quedaría reducido a un 0,15 por ciento del PIB, el equivalente a 1.500 millones de euros. "Con los Presupuestos Generales del Estado que se van a aprobar esa cifra es una quimera", aseguran esas fuentes.
Incumplimiento generalizado
Pero Hacienda, que es quien elabora las cuentas y por tanto asigna los recursos en la Administración Central, no es ni mucho menos la única que incumple la Ley 7/2012, que se aprobó como un gesto hacia Bruselas de compromiso absoluto con la consolidación fiscal.
La norma, muy dura, impone un límite de deuda de las Administraciones Públicas del 60 por ciento del PIB. El Banco de España cifraba el pasivo en el 99,5 por ciento a finales del segundo trimestre. "Pero al menos en este caso el Ejecutivo toma medidas encaminadas a reducir deuda, que es lo que dictamina la ley", explican esas fuentes conocedoras del articulado de la norma. Con la Regla de Gasto no sucede así, ya que no se toman medidas encaminadas a cumplir, como tampoco ocurre con las comunidades autónomas, que deben reducir su deuda pública del 13 por ciento de su PIB (la Comunidad Valenciana supera el 40 por ciento y Cataluña está en el 34 por ciento, entre otras); pagar a proveedores en tiempo y forma; y reducir su déficit hasta el equilibrio presupuestario.
La Ley de Estabilidad describe toda una serie de medidas encaminadas a castigar a los incumplidores. En un primer momento, las autoridades deben exigir la elaboración de un Plan Económico y Financiero a quien quiebra la ley, para que explique cómo y cuando cumplirá. Pero la norma, en caso de reiteración, puede ser más extrema, exigiendo retenciones obligatorias en los presupuestos e incluso, en el caso más drástico, propiciando que se pueda intervenir la administración de quien no cumple.
Pese a esa batería de medidas, lo cierto es que el Gobierno está siendo muy laxo. Con las comunidades jamás se ha pasado en ningún caso de la exigencia de elaboración de un Plan Económico Financiero. Sí se ha instado -caso de Aragón- a aprobar Acuerdos de No Disponibilidad, pero son sistemáticamente quebrados sin consecuencias.
"El problema reside en que quien elaboró la norma es el primero en incumplir. Y de esa forma es imposible castigar a quien hace lo mismo que tú", explican las mismas fuentes a este periódico.
