La sentencia del llamado procés -como se la ha venido comúnmente en calificar- va a suponer un antes y un después en la relación del Estado frente a manifestaciones y movimiento independentistas o de disgregación y ruptura no solo del territorio nacional sino también del concierto constitucional instaurado en la Transición con la aprobación en 1978 de la Constitución española.
Desde el año 2000, en concreto desde el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea está embarcada en una política de mejora regulatoria que ha pasado por diferentes fases, y que como objetivos fundamentales busca que la legislación que procede de Europa consiga una eficacia y una efectividad homogéneas en el conjunto de la Unión, y que la regulación que proceda de las instituciones europeas se ajuste a las necesidades de los destinatarios finales de la misma.