Desde 2015 existe en España una Ley de Desindexación (cuyo reglamento se desarrolló en 2017 mediante RDL) que desvincula la formación de precios de los bienes y servicios (de sectores que actúan en el ámbito público) de la inflación general (IPC) ligándola a los costes estrictos de cada cadena sectorial. De esta ley, queda expresamente excluida la desindexación de las pensiones, los salarios (sujetos a la negociación colectiva) y la deuda del estado. Paradójico, pues, desde que entró en vigor la Lay 13/2013 del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, la indexación de estas últimas estaba ya regulada a través del IRP.

Socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions)