La irrupción del teletrabajo en el mercado laboral español ha supuesto un reto para las compañías, que se han adaptado en tiempo récord a esta nueva forma de organizar el trabajo. Sin embargo, aún son muchas las dudas que suscita y las diferencias que aflora entre sindicatos, empresarios, trabajadores y laboralistas. elEconomista ha hablado con los expertos que están en primera línea y con las empresas pioneras en implantación.
La reforma de los tipos reducido y superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) permitirá optimizar la recaudación. Sin embargo, una subida o una reforma del impuesto en plena crisis del coronavirus Covid-19 afectará al consumo y a las familias, las principales beneficiadas de los tipos reducidos de IVA.
La Audiencia Nacional avala la aplicación de un ERTE de fuerza mayor para una empresa de teleoperadores, las llamadas contact center. La sentencia establece que la empresa afectada actuó correctamente y que no incumplió ninguna norma al suspender las relaciones de estos trabajadores. En este sentido, destaca que no se podía desarrollar esta actividad durante el estado de alarma.
Las grandes potencias europeas -salvo España- centran en la bajada de impuestos y la prolongación de los Ertes sus estrategias para evitar una recaída económica en la crisis del coronavirus. Alemania baja impuestos. Italia acaba de anunciar que también lo hará. Todos alargan los Ertes. Francia prevé incluso ayudas directas a los trabajadores. En España sucede lo contrario. Aún no hay acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales -patronal y sindicatos- para prolongar los expedientes temporales de empleo. El Ejecutivo español rechaza cualquier bajada fiscal y plantea varias subidas. Además, las ayudas fiscales españolas son las menores de los países del entorno.
España es el país más retrasado a la hora de establecer una regulación que precise qué gastos debe asumir la empresa y cuáles el trabajador en el nuevo escenario de teletrabajo masivo tras la crisis del coronavirus Covid-19. El teletrabajo ha sido históricamente una actividad casi residual en España. El estallido de la crisis vírica obligó a las empresas a mandar a sus empleados a trabajar desde casa, y a descubrir sobre la marcha las ventajas y defectos del trabajo a distancia. Pero han tenido que pasar tres meses para que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya planteado la necesidad de regular esta actividad. Conciliación, desconexión digital, y sobre todo las compensaciones económicas son aspectos que la futura normativa deberá fijar, para asegurar que los empleados que acuden físicamente a la oficina y los que trabajan desde casa tienen los mismos derechos. Otros países europeos han actuado con mayor presteza ante la misma situación, y han establecido compensaciones para que el teletrabajo no suponga nunca un coste adicional para el empleado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado su plan de choque para los juzgados tras la crisis del coronavirus Covid-19. El plan, al que ha tenido acceso elEconomista, amplará la jornada de los funcionarios de la jurisdicción Mercantil y Social. Además, introduce una serie de medidas para impulsar la mediación y la resolución de conflictos extrajudicial. También, reforzará el teletrabajo en los juzgados y reformará varias normas procesales para mejorar la capacidad tecnológica de la Justicia.
El estímulo fiscal de España para ayudar a las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19 es el menor de los países de su entorno. Las ayudas, entre aplazamientos y suspensión de impuestos, no llegan al 0,9% del PIB, mientras los países del entorno sitúan su estímulo en torno al 10% de media.
La decisión de la Administración central de permitir el teletrabajo de sus funcionarios para el cuidado de familiares y para mejorar la conciliación personal abre la puerta a que el resto de empleados públicas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos accedan también al trabajo desde sus domicilios. Varios Ayuntamientos han anunciado ya que prorrogan el teletrabajo y ha acelerado los planes laborales para implantar este tipo de medidas.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, propone que las empresas puedan aprovechar las pérdidas de 2020 en el Impuesto sobre Sociedades de este año. Para fomentar la liquidez de las empresas viables, el Reaf recomienda generalizar y aumentar la llamada reserva de nivelación, para que en la Declaración de Sociedades 2019 se puedan compensar las pérdidas que se producirán en 2020.
La crisis del Covid-19 está poniendo a prueba el papel de los consejos de administración de las empresas y su capacidad para dar respuesta a los duros retos a los que se están enfrentado. Pero la pandemia también ha puesto de manifiesto que hay dos asuntos que los consejos deben repensar e impulsar de cara al futuro, según se desprende de las conclusiones de la décima edición del informe de PwC Consejos de Administración de Empresas Cotizadas, realizado a partir de entrevistas a los consejeros de las principales compañías españolas presentes en los mercados bursátiles.