Madrid
La decisión de la Administración central de permitir el teletrabajo de sus funcionarios para el cuidado de familiares y para mejorar la conciliación personal abre la puerta a que el resto de empleados públicas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos accedan también al trabajo desde sus domicilios. Varios Ayuntamientos han anunciado ya que prorrogan el teletrabajo y ha acelerado los planes laborales para implantar este tipo de medidas.
El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, ha impulsado el plan de teletrabajo para sus funcionarios. El consistorio aprobará un programa piloto que permita a sus trabajadores realizar su jornada desde casa. Además, entre otros, el Ayuntamiento de Córdoba ha invertido ya 900.000 euros en teletrabajo y administración electrónica en previsión de mantener este tipo de medidas por el coronavirus.
Así, el acuerdo de la Administración Central abre la puerta a que el resto de funcionarios puedan también acogerse al teletrabajo. El coste para la implantación de los puestos laborales en los domicilios ha ascendido hasta los 8,7 millones de euros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el que ha repercutido gran parte del gasto con 5 contratos de compra de material por un valor de 7.223.930 euros.
Por sistemas, la mayor cantidad de dinero se ha empleado en la implantación de escritorios virtuales en los domicilios, con un total de 6.464.409 de euros invertidos. En segundo lugar, la compra de ordenadores portátiles asciende a 1.248.230 euros.
La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, según ha informado el sindicato, que ha precisado que se trata de una modalidad "voluntaria y reversible".
El sindicato CSIF ha destacado que se trata de un acuerdo "pionero" en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
CCOO se descuelga
El acuerdo ha supuesto la ruptura de la acción sindical de los dos grandes sindicatos a nivel nacional: UGT y CCOO. Este último no ha firmado el acuerdo que sí han suscrito, además de la UGT, el sindicato de Funcionarios CSIF y el regionalista gallego CIG.
El acuerdo, que abre la puerta al teletrabajo en la Administración General del Estado, ha sido rechazado por CCOO al entender que "elimina derechos del personal público". El secretario general de la Federación de Servicios Públicos en la AGE, José Manuel Vera, explica su rechazo al entender que hay "una falta de regulación del teletrabajo" lo que tilda del uno de los mayores déficit del documento. "El personal público se ha adaptado al teletrabajo en un tiempo récord, y se ha admitido esta necesidad por la urgencia surgida a causa de las medidas para contener la propagación de la Covid-19", expone Vera, que matiza que "desde el primer momento, CCOO dejó claro al Gobierno que este elemento era temporal y excepcional, y alcanzamos el acuerdo de crear un grupo de trabajo para su regulación, que no se ha puesto en marcha seis semanas después".
Por su parte, desde UGT resaltan que el acuerdo establece que la modalidad no presencial tendría carácter voluntario, tal y como exigió el sindicato. Además, remarca que "podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio, por solicitud de la empleada o empleado público, o bien si variasen las circunstancias aquel motivaron el disfrute de esta modalidad".
El 20% de los funcionarios es estatal
España contaba en enero de este año con 2.597.712 empleados públicos, de los que ocho de cada diez estaban al servicio de comunidades autónomas y de administraciones locales, y sólo dos de cada diez desarrollaban su trabajo en el ámbito del sector público estatal, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al mes de enero, publicado este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.El boletín, de carácter semestral, muestra un incremento del número de empleados públicos del 0,08% respecto a julio de 2019, con 2.137 efectivos más. En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados.
El coste de gestión del IMV, para los municipios
El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, propondrá a la Junta de Gobierno de la Federación la elaboración de una enmienda para que se reconozca expresamente en la futura ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que "su gestión representa un coste para las entidades y corporaciones locales que se involucren en esta actividad y que ese coste tiene que ser satisfecho".
Abel Caballero, según subraya la FEMP, hizo esta proposición durante una reunión telemática con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá en la que han participado más de una veintena de alcaldes, y en la que el ministro anunció a los representantes locales que el IMV va a ser tramitado en el Parlamento como Proyecto de Ley.
La reunión fue convocada por el Ministerio y la FEMP para abordar los diversos puntos de interés del Ingreso Mínimo Vital tras su entrada en vigor, conocer cómo se está desarrollando su aplicación en las Entidades Locales y plantear elementos de mejora.
Abel Caballero ha valorado la envergadura del IMV, "que ya suscitó un amplio consenso en su primer trámite parlamentario" y ha mostrado la satisfacción de los Gobiernos Locales por su tramitación como proyecto de ley, porque "permitirá incluir mejoras".
El Presidente de la FEMP ha recordado que la Federación ya presentó en su momento el documento Pilares Locales para la Reactivación Económica y Social de la Administración Local, en el que quedaba recogida la posición de la FEMP en diversos ámbitos y en el que ya se precisaba la demanda de un fondo para dar cobertura a los gastos que la gestión del IMV podría ocasionar a las Entidades Locales.
Tanto para el Ministro Escrivá como para el Presidente de la FEMP, la tramitación parlamentaria del IMV como proyecto de ley abre la puerta a incorporar mejoras en la gestión del Ingreso y también a consolidar, a través de enmiendas, las demandas locales. En la reunión telemática han intervenido Alcaldes y representantes de varios Ayuntamientos.
