Se cumplen estos días 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción voluntaria (en adelante LJV). Dicha ley ha desjudicializado una serie de expedientes en materia civil y mercantil (especialmente en derecho de sociedades), descargando de trabajo a los juzgados y atribuyendo competencias a los secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia, y a los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Como cada año, el próximo 31 de julio finaliza el plazo para la presentación en los registros mercantiles de las cuentas anuales y demás documentos que deben acompañarlas para la casi totalidad de las sociedades mercantiles obligadas a ello (las que cierran ejercicio a 31 de diciembre y aprueban sus cuentas durante el mes de junio).
El clima empresarial nacional atraviesa un momento de estabilidad, apoyado en una cultura de la innovación vinculada al ADN de su tejido. No se trata sólo de una percepción, sino del diagnóstico derivado de la valentía de un ecosistema emprendedor que siempre encuentra certezas en los proyectos bien asentados y en datos que avalan la apuesta por la inversión.