Jefa de Normas y Tributos

El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM-CIAR), promovido por la Cámara de Comercio de Madrid, incorpora al Centro de Arbitraje y Mediación chileno de Santiago como nuevo socio institucional.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), adjunto al Ministerio de Trabajo, insta a las empresas a prevenir la violencia externa, procedente de clientes, pacientes, alumnos o personas a las que se da asistencia, como un riesgo laboral más. El órgano ha emitido una Nota Técnica de Prevención en la que subraya que el 3,8% de los trabajadores está expuesto a violencia externa y el 16% revela un “trato difícil” con los clientes, pacientes o alumnos.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pide al Gobierno que unifique criterios sobre la nueva obligación de acudir a una negociación extrajudicial en asuntos civiles y mercantiles antes de ir los tribunales. Si no se acredita el intento de acuerdo, se rechazará la demanda.

El Tribunal Supremo (TS) indica que la indemnización por daños y perjuicios que debe percibir un trabajador por los salarios que le debe la empresa debe ser la propia cuantía que se le adeuda.

La justicia blinda el uso del valor de referencia de la vivienda que determina el Catastro para fijar el pago del Impuesto de Transmisiones. Hacienda utiliza desde 2022 este parámetro, en vez del valor del mercado del inmueble, para calcular Transmisiones, pero también otros tributos como el de Sucesiones y Donaciones. Ahora, los jueces rechazan que los contribuyentes puedan impugnar este valor aportando como contraste del precio de la vivienda la tasación de la misma y les exigen que motiven el valor real del inmueble, incluso con informes periciales.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), perteneciente al Consejo de Europa, publicará el próximo 16 de abril su informe de evaluación sobre el cumplimiento de España en materia de corrupción.

Los jueces ya no tendrán que fijar las indemnizaciones que cobran los particulares por un despido, accidente o por la anualidad de alimentos tras un divorcio para que queden exentas en el IRPF.

El partido socio del Gobierno, Sumar, ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados para prohibir que las empresas y fondos de inversión compren inmuebles destinados a vivienda en España.

El Tribunal Supremo (TS) frena el truco de los fondos de inversión y compañías que compran hipotecas morosas para tratar de esquivar la situación de vulnerabilidad de los antiguos dueños de los inmuebles que siguen residiendo en ellos y pedir directamente su desahucio.

El exceso de regulación, su dificultad y los crecientes riesgos ha abogado a las grandes empresas a reforzar sus asesorías jurídicas para configurar una estrategia de la mano. Cada vez más abogados se inclinan por trabajar para compañías en vez de para un bufete o de hacerlo de forma autónoma y ya han consolidado un perfil propio.