Jefa de Normas y Tributos

El Tribunal Constitucional (TC) cambiar su doctrina sobre el estado de alarma y avala los confinamientos. La Corte dice ahora que, bajo esta declaración, se pueden limitar de forma relevante derechos fundamentales como la libre circulación de ciudadanos, tal y como se hizo en la pandemia.

Hacienda ya tiene fecha para que entre en marcha la nueva obligación para que pymes y autónomos que ingresen menos de 6 millones de euros compartan de forma inmediata su facturación con el fisco. El Ministerio que encabeza María Jesús Montero prevé que este deber entre en vigor de forma escalonada, de modo que las empresas comiencen a remitir sus facturas a la Agencia Tributaria a partir del 1 de enero de 2026, y los autónomos lo hagan seis meses después, a partir del 1 de julio de 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez pudo tomar la gestión de la catástrofe provocada por la DANA desde el primer día y sin necesidad de que el presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, le pidiera ayuda o intervención. El Ejecutivo tiene dos herramientas para que el Estado tomara el control de las actuaciones; bien declarar el Estado de alarma, como hizo en la pandemia, o bien elevar al 3 el nivel de emergencia. Ninguna de estas dos medidas choca con la Constitución española ni supone una equivalencia a aplicarle a Valencia el artículo '155' de la Carta Magna, como se ha dicho, en el que el Estado puede intervenir una CCAA si incumple los deberes constitucionales.

El Tribunal Supremo (TS) abre la puerta a que los consumidores reclamen a la banca las distintas cláusulas abusivas que recoge un mismo contrato, ya sea hipotecario, de crédito al consumo o de tarjetas revolving, en varias demandas con el objetivo de defender los derechos del consumidor. La jurisprudencia europea y nacional impone siempre a la banca las costas en caso de estimar total o parcialmente las pretensiones del cliente.

Los gestores administrativos devolverá parte una parte de los trámites de bajas temporales de vehículos afectados por la DANA. El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha emitido este lunes una carta informando de las medidas tomadas por el gremio para ayudar a los afectados de la catástrofe.

El Consejo General de Graduados Sociales, presidido por Joaquín Merchán, ha propuesto al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con 10 medidas urgentes para trabajadores y empresas afectados por la DANA.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) critica el plan del Gobierno para mejorar las pensiones de los profesionales que cotizan en la mutualidad de la abogacía.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha interpuesto una denuncia ante la Unión Europea (UE) contra la normativa española de fusiones que complica la fiscalidad a estas operaciones.

La catástrofe provocada por la DANA ha afectado tanto a empresas como a trabajadores, que pueden afrontar riesgos laborales, suspensiones de empleo y la posibilidad de despidos por fuerza mayor. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) recuerda que, a la espera de que el Consejo de Ministros pueda aprobar nuevas medidas laborales para proteger a los trabajadores, de momento hay varios derechos que estos pueden ejercer.

El Tribunal Supremo (TS) reclama flexibilidad a la Administración y a los tribunales en los casos de violencia de género.