La aprobación, nueve meses retrasada, desbloquea 2.000 millones en inversiones
La aprobación, nueve meses retrasada, desbloquea 2.000 millones en inversiones
Grifols seguirá apostando fuerte por Estados Unidos, pese al fracaso vivido con el fármaco que preparaba su participada Aradigm y que ha obligado a la multinacional catalana de hemoderivados a valorar a cero su participación, tras el veto de la Agencia del Medicamento estadounidense por dudas sobre la fiabilidad de los ensayos clínicos.
El futuro accionarial de la multinacional catalana de aparcamientos Saba está prolongando su desenlace más de lo previsto, si bien los motivos de este retraso apuntan a una estrategia premeditada por parte de los actuales accionistas principales.
Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo han aumentado su porcentaje ya hasta ahora mayoritario en Almirall hasta hacerse con el control del 66,64% del capital de la multinacional farmacéutica catalana. Lo han hecho a través de la adquisición del 8,45% de las acciones que hasta ahora controlaba de manera indirecta el socio fundador de Prodesfarma Daniel Bravo, en virtud de un derecho de compra estipulado cuando Prodesfarma se fusionó con Almirall en 1997.
Las conversaciones entre Criteria y los fondos de inversión con los que se reparte la mayoría del capital de la multinacional de aparcamientos Saba Infraestructuras no prevén llegar a su fin en el consejo de administración del holding, dado que persiste la incógnita sobre la valoración de Saba. Torreal, KKR y ProA quieren sacar el máximo partido a su desinversión, pero hace años que buscan comprador sin éxito, mientras Criteria está ahora en disposición compradora con los réditos conseguidos o previstos por sus desinversiones en Gas Natural Fenosa y Abertis.
PortAventura World quiere ser referente europeo para el turismo familiar y ello ha llevado al complejo a invertir 200 millones de euros en los últimos años para diferenciarse de la competencia.
La decisión del nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de elegir como integrantes de su ejecutivo a dos exconsellers en prisión o otros dos en el extrajero ha tenido por respuesta un frente común de PP, PSOE y C's que supone el veto a los nombramientos del nuevo Govern mientras el Estado analiza "la viabilidad" de esta selección. Así, el Gobierno español no va a autorizar de momento el decreto de designación de los titulares de cada cartera de la Generalitat, y por tanto persistirá la intervención estatal de la administración catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución.
Hasta ahora, el nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha dado muy pocas pistas sobre el que será su programa de gobierno, pero uno de los puntos en los que ha puesto énfasis es en el de reimpulsar "todas y cada una" de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, tras ser recurridas por el Gobierno central. En su discurso de investidura concretó que son 16, y recordó que algunas habían sido aprobadas por unanimidad en el Parlament, y por lo tanto con el voto favorable del PP catalán. En este sentido, reprobó que ello no sirvió para "evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado también las dejase en suspenso".
La pregunta retórica de quién controla al controlador se hizo ayer patente con el primer informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que fue demoledor. El documento, correspondiente al ejercicio 2015, muestra que el organismo que debía velar contra el fraude en la comunidad funcionaba con total descontrol, a su libre albedrío y con incumplimientos flagrantes de la ley del sector público. La Sindicatura detecta incluso indicios de delito en el equipo directivo de entonces.
El grupo inmobiliario Petrus ha comprado suelos e inmuebles en la provincia de Barcelona en los que prevé levantar 252 viviendas en los próximos cinco años con una inversión de 68 millones de euros.