La pregunta retórica de quién controla al controlador se hizo ayer patente con el primer informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que fue demoledor. El documento, correspondiente al ejercicio 2015, muestra que el organismo que debía velar contra el fraude en la comunidad funcionaba con total descontrol, a su libre albedrío y con incumplimientos flagrantes de la ley del sector público. La Sindicatura detecta incluso indicios de delito en el equipo directivo de entonces.
El que fue director general entre 2011 y 2016, Daniel de Alfonso, se adjudicó solo en 2015 casi 70.000 euros de complementos en su sueldo que no le correspondían. También la entonces directora adjunta, Maite Masià, cobró un complemento indebido de 9.700 euros.
Es más, la OAC calculó indebidamente al alza los salarios de toda la plantilla, a la que pagó complementos que no debía por importe de 281.000 euros; le aplicó incorrectamente los trienios, y le retuvo menos de lo estipulado de IRPF. Tampoco había control horario y las contrataciones se realizaban a dedo, sin la pertinente convocatoria pública. Además, la gestión del presupuesto, la contratación y las facturas se realizaba con herramientas de ofimática, lo que repercutía en "deficiencias y poca fiabilidad", señala la Sindicatura.
En plena crisis, la OAC no aplicó las medidas de contención del gasto equivalentes a las adoptadas por la Generalitat, y pagaba gastos de suministros y servicios sin realizar el procedimiento de contratación correspondiente. Además, los altos cargos no presentaron la declaración de actividades ni la declaración patrimonial y de intereses obligatoria. Tampoco se cumplió la normativa respecto a la declaración de actividades el resto del personal.
El equipo directivo de la OAC fue relevado en 2016, después de el Parlament destituyese a Daniel de Alfonso tras la filtración en plena campaña de las elecciones generales de conversaciones con el en-tonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que hablaban de buscar casos de corrupción en ERC y Convergència (CDC).
Por su parte, la directora adjunta, Maite Masià, aparecía en las escuchas del caso ITV, en el que está implicado también Oriol Pujol, y fue destituida por el director que sustituyó a De Alfonso en la Oficina Antifraude de Cataluña y sigue todavía en el cargo: el magistrado Miguel Ángel Gimeno.
