Existe un factor muy valorado por todos los agentes económicos que es el de la estabilidad. A la hora de operar o de invertir en un país, resulta fundamental contar con un marco estable en lo social, en lo político y en lo económico. De hecho, los tres ámbitos tienden a estar bastante relacionados y a complementarse.
El antes, el durante y el después del referéndum del Brexit constituyen para mí una caja llena de sorpresas. De todas ellas, la más significativa es la que se produjo tras conocerse los resultados de dicha consulta. Me refiero al hecho de que en el Reino Unido los conceptos más tecleados en los principales buscadores de Internet fueron: ¿Qué es la Unión Europea?, ¿qué países componen la Unión Europea?, ¿qué implica salirse de la Unión Europea?
Empieza a ser un lugar común afirmar que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ninguna de estas cuatro características ayuda especialmente a la hora de hacer previsiones. Los agentes económicos están acostumbrados a tomar decisiones en situaciones de riesgo, pero es mucho más complejo hacerlo en un escenario de incertidumbre, porque no se pueden asignar probabilidades a las distintas alternativas.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en una Jornada titulada También somos educación, organizada por la Asociación de Amigos de la Marca España. El objetivo fundamental de dicha Jornada era poner de manifiesto la existencia de ámbitos en los cuales contamos con instituciones, empresas o personas referentes a nivel internacional y en los que nuestro país ha dado y sigue dando ejemplos muy positivos.
En economía y en otras ciencias sociales se estudia la diferencia que hay entre riesgo e incertidumbre. El riesgo conlleva la posibilidad de asignar probabilidades a distintas alternativas, de forma que las personas actuarán según sean más o menos amantes del riesgo. Por el contrario, en las situaciones de incertidumbre no se pueden asignar dichas probabilidades, es decir, la incertidumbre se caracteriza por ser imprevisible y muy difícil de evaluar.
Resulta significativo que, una vez más, las legislaturas pasan y el mismo reto permanece. Me refiero a la recurrentemente mencionada necesidad de reformar la Administración. Quizás lo primero que habría que plantearse es el porqué de la incapacidad de hacer frente a esa reforma. Cuando se habla de la necesidad de reformar algo, lo que subyace es que ese algo es mejorable y lo es con un coste asumible. ¿Es mejorable nuestra Administración y lo es a un coste asumible? Por supuesto que la pregunta, al menos la primera parte, es algo falaz porque todo es mejorable. Es cierto que sería necesario matizar que no hay una única Administración sino que hay muchas administraciones. ¿Son equivalentes las Administraciones del Estado, las de Comunidades Autónomas o las de Corporaciones Locales? ¿Es lo mismo un Ministerio que una empresa pública? ¿Es idéntico el comportamiento de Sanidad, Educación, Defensa o I+D+i? Existen elementos comunes a todas ellas, pero también diferencias sustanciales. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es necesario tener una Administración eficiente, adaptada a los tiempos y necesidades actuales y, especialmente, al servicio de los ciudadanos. Siendo el objetivo compartido, ¿cómo se puede alcanzar? He escuchado muchas veces que en determinada empresa pública sobraba o faltaba gente. Para afirmar una de estas cosas, sería necesario saber y determinar qué se pretende que haga cada empresa. Por ejemplo, ¿sobra o falta gente en nuestros Puertos o en nuestros Aeropuertos? Dependerá de qué tráfico o qué actividad marítima o aérea se quiera y pueda desarrollar. Por otra parte, y más en los tiempos actuales, dentro de una organización puede haber necesidades no cubiertas en determinadas ocupaciones y puestos que, por el contrario, sean redundantes o innecesarios.
Las referencias a las infraestructuras, tanto en el ámbito mediático como político, son continuas. El reciente proceso abierto de subasta del aeropuerto de Ciudad Real es sólo una de ellas. Así, en los últimos días y especialmente tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, se han vuelto a escuchar reivindicaciones y declaraciones sobre infraestructuras tan diversas como el corredor del Mediterráneo, la conexión con el aeropuerto de Madrid-Barajas o la del aeropuerto de El Prat, por citar sólo algunos ejemplos.
Comienza a ser un lugar común hablar de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Dicha globalización se concreta en el crecimiento del comercio de mercancías y servicios, en el aumento de los flujos de inversión directa, en el movimiento de los capitales y en las corrientes migratorias de personas.
Suele afirmarse que en un contexto distinto al del euro, la situación económica por la que ha atravesado y sigue en gran medida atravesando la economía española desde 2007 se hubiera afrontado con el recurso a la devaluación del tipo de cambio. Ante la imposibilidad de modificar la paridad de nuestra moneda, el ajuste ha tenido lugar, fundamentalmente, por el lado de los salarios en un contexto de elevado desempleo y de reducción de márgenes.
Uno de los principales cambios estructurales experimentados por nuestra economía ha sido el de su integración en los mercados internacionales. En apenas tres décadas, hemos pasado de ser una economía altamente protegida respecto al exterior a ser una economía abierta y con un número muy elevado de empresas operando fuera, en las distintas formas de internacionalización existentes.