Las referencias a las infraestructuras, tanto en el ámbito mediático como político, son continuas. El reciente proceso abierto de subasta del aeropuerto de Ciudad Real es sólo una de ellas. Así, en los últimos días y especialmente tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, se han vuelto a escuchar reivindicaciones y declaraciones sobre infraestructuras tan diversas como el corredor del Mediterráneo, la conexión con el aeropuerto de Madrid-Barajas o la del aeropuerto de El Prat, por citar sólo algunos ejemplos.
Curiosamente, en el debate político la reivindicación de más infraestructuras es creciente pese a que, por otro lado, existe una cierta sensación de sobredimensión. En el fondo subyace la idea de que el sistema dominante para la asignación de infraestructuras no ha estado tanto dominado por la eficiencia, o la vertebración económica y social, como por un café para todos que nos ha llevado a una situación insostenible y a infraestructuras difícilmente justificables más allá de por intereses espurios.
Todos estaríamos de acuerdo en que eliminar los pasos a nivel y el peligro que conllevan, o hacer accesibles todas las estaciones, son medidas positivas para la ciudadanía. Otra cosa es el coste de oportunidad que esas medidas conllevan, dado que al final, puesto que las necesidades pueden ser casi infinitas, es necesario priorizar las actuaciones con criterios lo más objetivos posibles. Por supuesto que esto no es sencillo, pero es lo que se espera de la gestión pública en un contexto de recursos escasos.
Infraestructuras sobredimensionadas
Analizar si las infraestructuras están sobredimensionadas o no, no es un tema baladí, básicamente porque la mayor o menor dimensión de una determinada inversión está condicionada por la demanda actual, y lo que es más complicado, por la demanda potencial futura. En la medida en que toda inversión pretende perdurar lo más posible en el tiempo, el análisis sobre su conveniencia no puede ser exclusivamente de corto plazo. En el análisis coste-beneficio hay que imputar, por un lado, los costes, no sólo de realización sino también de mantenimiento y amortización pero, sobre todo, el coste de oportunidad de la inversión. Por su parte, por el lado de los beneficios, no sólo hay que tener en cuenta los directos sino también los indirectos y, fundamentalmente, en qué medida las infraestructuras son capaces por sí mismas de generar actividad.
Creo que, salvo en contadas excepciones, las infraestructuras son mucho más un medio que un fin, es decir, una infraestructura se adapta a una necesidad de mercado en mucha mayor medida que genera dicha necesidad. En España tenemos demasiados ejemplos de que esto no ha sido siempre así, a lo que no ayuda demasiado una organización territorial que supone que, al final, ninguna infraestructura es percibida de interés nacional, sino que se vincula a un determinado territorio.
Ciclo político
Esta lógica en la toma de decisiones se ve agravada por el ciclo político que tanto influye en las decisiones relativas a las infraestructuras. Véase como botón de muestra menor, pero bastante significativo, el calendario de los anuncios e inauguraciones de muchas de las obras públicas de nuestro país y se darán cuenta cómo en demasiadas ocasiones no son independientes de los procesos electorales y cómo son utilizados como armas de obtención del favor de electorado.
Es cierto que, gracias a algunas de las infraestructuras de las que nos hemos dotado, nuestra economía ha podido ser más competitiva. No deja de ser menos cierto que esta inversión pública ha permitido que muchas de nuestras empresas hayan podido desplegar su saber hacer por todo el mundo, siendo referentes a nivel internacional y líderes en proyectos emblemáticos compitiendo con las empresas de los países más avanzados del mundo.
Falta planificación
Como siempre, pienso que los problemas no se solucionan si no se va a la raíz de los mismos. En el caso de la economía española, y de su dotación de infraestructuras, el problema que subyace es la falta de una verdadera planificación y de un verdadero modelo de infraestructuras. Lamentablemente los planes de infraestructuras tienden a ser mucho más un catálogo de buenas intenciones que trata de contentar a todo el mundo que un verdadero instrumento de planificación sobre la base de criterios lo más objetivables posibles. En España hemos apostado por disponer de un número y una calidad de puertos, aeropuertos, carreteras, autovías, autopistas, radiales, alta velocidad ferroviaria, etc., que nos sitúa en términos relativos, y en muchas ocasiones en términos absolutos, a la cabeza de los países desarrollados.
No cabe duda de que disponer de infraestructuras adecuadas supone una fuente potencial de competitividad y crecimiento importantes, sin embargo, no es tan evidente, ni mucho menos, que cualquier infraestructura lo sea. El concepto de inversión tiene mejor prensa que el de gasto, pero no es obvio que cualquier inversión esté justificada y sea productiva.
Enrique Verdeguer Puig, director de ESADE Madrid
