Resulta significativo que, una vez más, las legislaturas pasan y el mismo reto permanece. Me refiero a la recurrentemente mencionada necesidad de reformar la Administración. Quizás lo primero que habría que plantearse es el porqué de la incapacidad de hacer frente a esa reforma. Cuando se habla de la necesidad de reformar algo, lo que subyace es que ese algo es mejorable y lo es con un coste asumible. ¿Es mejorable nuestra Administración y lo es a un coste asumible? Por supuesto que la pregunta, al menos la primera parte, es algo falaz porque todo es mejorable. Es cierto que sería necesario matizar que no hay una única Administración sino que hay muchas administraciones. ¿Son equivalentes las Administraciones del Estado, las de Comunidades Autónomas o las de Corporaciones Locales? ¿Es lo mismo un Ministerio que una empresa pública? ¿Es idéntico el comportamiento de Sanidad, Educación, Defensa o I+D+i? Existen elementos comunes a todas ellas, pero también diferencias sustanciales. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es necesario tener una Administración eficiente, adaptada a los tiempos y necesidades actuales y, especialmente, al servicio de los ciudadanos. Siendo el objetivo compartido, ¿cómo se puede alcanzar? He escuchado muchas veces que en determinada empresa pública sobraba o faltaba gente. Para afirmar una de estas cosas, sería necesario saber y determinar qué se pretende que haga cada empresa. Por ejemplo, ¿sobra o falta gente en nuestros Puertos o en nuestros Aeropuertos? Dependerá de qué tráfico o qué actividad marítima o aérea se quiera y pueda desarrollar. Por otra parte, y más en los tiempos actuales, dentro de una organización puede haber necesidades no cubiertas en determinadas ocupaciones y puestos que, por el contrario, sean redundantes o innecesarios.
¿De qué estamos hablando al final? Desde mi punto de vista, reformar la Administración conlleva fijar objetivos, evaluar lo que se hace y a quién lo hace, mejorar y actualizar los criterios de selección e incentivo del personal, formar permanentemente a los trabajadores estableciendo planes de carrera y adecuar las tecnologías a los tiempos y necesidades de cada momento, todo ello con el objetivo que debe tener toda administración de proveer un servicio público adecuado que mejore el bienestar de sus ciudadanos.
Hablar de objetivos supone, en general, tener una visión estratégica y de largo plazo, lo que encaja mal con las posiciones dominantes de los partidos políticos. Al final, el coste de afrontar dicha reforma se considera demasiado elevado comparado con el beneficio potencial, que siempre es más difuso, de ahí que sea una tarea que acabe delegándose en el siguiente?
La evaluación de políticas públicas y del desempeño de los empleados públicos constituye un debate recurrente que acaba posponiéndose ante las dificultades que el tema plantea. Dichas dificultades se asocian a la complejidad de toda evaluación y al continuo argumento de que el sistema no está maduro. Sin embargo, lo óptimo es enemigo de lo bueno y creo que habría que ir avanzando y no esperar a un inexistente sistema perfecto. Particularmente, me gusta mucho aquello de que lo que no se evalúa se devalúa.
Toda organización eficiente pasa por el establecimiento de objetivos y de mecanismos de evaluación, pero no menos importante es intentar contratar a los mejores y proporcionarles una formación continua en un mundo en permanente cambio. La realidad de nuestra Administración es muy distinta. Los criterios de selección y admisión de personal siguen anclados en el pasado, con argumentos a favor en el sentido de que el sistema actual de acceso es objetivo. Es posible que sea objetivo, aunque también tendría sus matices, pero desde luego no está adaptado a los tiempos y necesidades actuales.
Necesitamos un sistema que sin permitir decisiones arbitrarias responda a lo que haría cualquier organización moderna. ¿Se imagina contratando a alguien sin haberle entrevistado personalmente? Esto por no hablar de instrumentos tan crecientemente relevantes como el conocimiento de idiomas o de ciertas tecnologías. Y si es importante seleccionar adecuadamente a las personas no lo es menos ser capaz de incentivarlas adecuadamente y de proporcionar una expectativa de evolución a sus carreras.
En definitiva, los retos que todavía quedan por delante son numerosos y complejos, pero no afrontarlos sólo conlleva incidir en la brecha existente en muchas ocasiones entre la Administración Pública y la ciudadanía.
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