Opinión
En el contexto de la "guerra del taxi", este verano el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por Vecttor (filial de la plataforma Cabify), que solicitaba al Estado más de 200 millones de euros de responsabilidad patrimonial por la polémica aprobación gubernativa del conocido como "decreto-ley Ábalos", en septiembre de 2018.