Kodak, en su momento, era un gigante de la fotografía que dominaba el mercado de las cámaras analógicas. Sin embargo, cuando llegaron las cámaras digitales, Kodak tomó decisiones alejadas de la realidad, no logró adaptarse rápidamente y perdió su posición de liderazgo. La falta de adaptación al cambio tecnológico y, sobre todo, dar la espalda a las necesidades cambiantes de los usuarios afectó a competitividad y terminó por borrarla del mapa.
El avance tecnológico ha provocado cambios significativos en diversas industrias, y el sector del transporte no ha sido una excepción. El surgimiento de plataformas de movilidad como Uber, Cabify, Freenow o Bolt ha planteado desafíos y oportunidades para los taxistas tradicionales. Al igual que el ejemplo de las cámaras digitales, las plataformas con sus aplicaciones móviles (apps) introdujeron hace más de una década una nueva forma de ofrecer servicios de transporte conectando a conductores y pasajeros de manera eficiente, ofreciendo ventajas como la disponibilidad inmediata, la comodidad del pago electrónico y la transparencia en los precios cerrados antes del servicio.
No disponer de estas herramientas, tanto tecnológicas como de regulación (precios cerrados), era uno de los mayores lastres de las radioemisoras tradicionales de taxis, que veían como sus clientes, siguiendo el símil, se pasaban de la cámara analógica a la digital. Este contexto empeoró por un regalo envenenado que dejó el último gobierno de Rodríguez Zapatero. Una liberalización total en 2009 de las autorizaciones para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), la competencia del taxi en los servicios de radioemisoras hasta aquel momento, que rápidamente creció en número y se puso a colaborar con las plataformas digitales, ávidas por crecer en cuota de mercado, como es lógico. Sólo seis años después supo reaccionar el gobierno popular de Rajoy, cuando ya se habían producido los previsibles cambios en la movilidad de las grandes capitales.
Inicialmente, los taxistas se encontraban cargados de razones por la creación alegal de una competencia inexistente hasta el momento. Incluso el Tribunal Supremo validó su frágil statu quo. Pero nadie quiso ni supo compensarles por ese daño ni pudieron obtener "costes de transición a la competencia". Con sus asociaciones, divididas y politizadas, se evaporaron sus posibilidades de una salida razonable a un conflicto enquistado.
Prohibir no basta
Para cavar más hondo en sus males, lo peor de la política hizo presa sobre los taxistas, que primero fueron utilizados como arma arrojadiza entre partidos, y, finalmente, acaparados por la izquierda radical, presta siempre a solucionar todos los problemas por la fórmula mágica de decretar la inexistencia del problema y suponer que así desaparecen de la realidad. Primero Ábalos excluyo por decreto-ley la competencia urbana al taxi y luego Colau, Aragonés y demás adláteres, redujeron la actividad de las VTC a anécdota.
Pero… ¿Hizo esto desaparecer la necesidad de más y mejor transporte urbano sin flexibilizar a la par el sector del taxi? De ninguna manera en Barcelona, y, sólo en Madrid -por uso de sus propias competencias- se avanzó algo en este sentido estableciendo precios cerrados y cierta flexibilidad en otros asuntos menores.
El tiempo que no tuvo Kodak, sí lo tuvieron los taxistas -casi una década-, pero… ¿Lo utilizaron en ser más competitivos? A nivel personal sí, muchos "le vieron las orejas al lobo" y el servicio mejoró. Pero a nivel regulatorio y sectorial no. Lo usaron para prohibir y limitar a la competencia. ¿Lograron invertir en ofrecer servicios digitales? No, las radioemisoras no dieron el salto tecnológico y mantuvieron los centros de atención telefónica. Dilapidaron años, hasta que la implacable acción de la justicia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) revocasen una a una las prohibiciones establecidas por políticos proteccionistas. Por ejemplo, la espera mínima en la precontratación o la famosa limitación cuantitativa de la ratio 1/30.
En definitiva, en vez de adaptarse para dar la batalla del mercado, el sector del taxi se enrocó en sostener el negocio las radioemisoras a través de la prohibición, haciéndose trampas al solitario. En los sitios donde más se prohibió no hay más que ver las colas y quejas de ciudadanos varados y desatendidos.
¿Existe alguna necesidad de adaptar la legislación para fomentar la innovación y el crecimiento económico? Obviamente sí, lo vienen advirtiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y las autoridades de Competencia. Pero ante la inoperancia de muchos políticos han tenido que ser tribunales como el TJUE quienes acaben por intervenir en la regulación la movilidad urbana, forzando a que exista más oferta.
El poder de las radioemisoras
En el segundo semestre de 2023, España asumirá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y, como aperitivo ante la enésima convocatoria de manifestaciones de los taxistas, la ministra de Transportes anunció que se propone burlar una sentencia europea que señala que el Gobierno no puede infringir el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para ejercer el proteccionismo del sector taxi. Se aprobará un nuevo decreto-ley para que todo siga como estaba, frenando una vez más el mercado de los servicios con contratación digital mediante aplicaciones móviles.
¿Porque a quien se protege realmente? ¿A los taxistas? No. El proteccionismo del Gobierno y otras administraciones es realmente a las radioemisoras, que son la mayor fuente de ingresos de los dirigentes y asociaciones de taxistas. Los taxistas individualmente no comparten este interés, porque trabajando para las plataformas digitales aumentan entre un 25 y un 50% sus ingresos y reducen entre un 15 y un 30% los kilómetros que circulan en vacío. Es decir, ganan dinero y eficiencia con las plataformas.
De hecho, los servicios de los taxistas por parada y contratación directa en la calle (55% del mercado) no están amenazados. Tampoco lo sufrirán en las CCAA que ni han regulado sobre la materia (las dos castillas, Extremadura, Asturias, Rioja, Aragón, etc.), donde las radioemisoras aún operan sin competencia alguna. La amenaza que supone la sentencia del TJUE es para las radioemisoras de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, etc., que no se han adaptado a la realidad y gustos de los usuarios y no han invertido prácticamente manteniendo tecnologías obsoletas como hizo Kodak. Lo peor es que ni lo han intentado. Era más fácil presionar al político de turno para que mantuviese despejado de depredadores el cortijo local.
Así, millones de usuarios ni lo notarán porque en las ciudades medias y pequeñas aún no disfrutan de esos servicios, presos del monopolio de las radioemisoras. Pero los de grandes capitales sí padecerán una nueva vuelta de tuerca proteccionista, perjudicial para la economía y la movilidad, contraintuitiva de tanta soflama tecnológica y tanto fondo Next Generation de los que se llena la boca de nuestros gobernantes.
El Gobierno protege a Kodak. ¡Dios salve a Kodak!
