Madrid
La tensión entre la VTC y el taxi crece tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La invalidación de la ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi) y la consecuente llegada de más autorizaciones para plataformas como Uber y Cabify ha llevado al Ministerio de Transportes (Mitma) a mover ficha y reunirse con Élite Taxi y Antaxi para ofrecer un nuevo modelo de convivencia.
La patronal de las VTC ha visto en este movimiento una nueva maniobra para limitar a su sector, por lo que no ha duda en afirmar que se está trabajando en un Decreto Ley para proteger los intereses del taxi y, en cambio, "el Gobierno no ha atendido a la petición de la sección de VTC de Feneval o Unauto".
Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval, ha explicado que "ante la enésima amenaza del sector del taxi de bloquear el país, el Mitma está desoyendo expresamente la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que establece muy claramente que los tiempos de las regulaciones para proteger al taxi se han terminado."
Antaxi advierte de movilizaciones
El taxi, por su parte, sigue presionando para que el fallo de Luxemburgo no le perjudique. Antaxi advirtió ayer de que volverá a movilizarse el próximo jueves, 22 de junio, en Madrid, si no hay soluciones por parte de Transportes. La preocupación radica en que la posible evolución jurisdiccional tras dicha sentencia se traduzca en "una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos".
En este sentido, Julio Sanz, presidente de Antaxi, reconoce la "gran preocupación del sector por una situación que podría corregirse con voluntad política y en la que llevamos inmersos desde 2011, soportando un problema que solo se da en España". A su juicio, "ni este Gobierno ni el anterior han tomado las medidas necesarias para dotar de seguridad jurídica a un sector del que dependen más de 70.000 familias de autónomos y hasta 30.000 de trabajadores asalariados".
El sector tiene esperanzas en algunas apreciaciones del TJUE, principalmente a la posibilidad de introducir una licencia adicional a las VTC en base a argumentos válidos (buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente) y no a proteger económicamente a un sector frente a otro.
