Con ocasión de la tramitación de un anteproyecto de reforma de la Ordenanza del Taxi de Madrid, la mayoría absoluta del PP en el consistorio corre el riesgo –si nadie lo impide– de empeorar la calidad del servicio. De aprobarse en sus términos actuales, la nueva norma dificultará la incorporación de nuevos vehículos, limitará la accesibilidad real del sistema y reducirá la disponibilidad de eurotaxis adaptados para personas en silla de ruedas.
El conflicto híbrido que mediáticamente se ha venido en denominar “la guerra del taxi”, se ha desarrollado, durante más de una década, como un circo de tres pistas, entre las protestas callejeras, la presión de los lobbies a los distintos parlamentos y Gobiernos, y, la judicialización de todas las normas dictadas sobre la materia desde, al menos, el año 2009.
El principio de indemnidad -consagrado en el artículo 1.902 del Código Civil-, constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el derecho de toda persona a una reparación plena de los daños sufridos. Lejos de ser una mera formalidad técnica, este principio encarna la esencia del derecho a una tutela judicial efectiva, amparado en el artículo 24 de la Constitución, y se erige como salvaguarda de la justicia material en procesos que involucran conductas ilícitas y prácticas restrictivas de la competencia, como ha acontecido en el caso del cártel de fabricantes de camiones.
El sistema judicial español se enfrenta a un desafío crucial para resarcir adecuadamente a los miles de transportistas afectados por el Cártel de Fabricantes de Camiones, sancionado en 2016 con 2.930 millones de euros por la Comisión Europea por prácticas colusorias, que inflaron artificialmente los precios de los vehículos industriales. Durante catorce años, varios fabricantes acordaron precios y retrasaron la introducción de tecnologías menos contaminantes, perjudicando gravemente a los transportistas en uno de los mayores escándalos de colusión empresarial en Europa.
El sector del arrendamiento con conductor (VTC) vuelve del verano cargado de contenido jurídico. El Tribunal Constitucional dictó el pasado 10 de septiembre, por unanimidad, dos sentencias clave para esa modalidad de transporte.
El pasado 17 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través del CGPJ informó de que ha dictado sentencia por la que la que anula y deja sin efecto diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid respecto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.
Recientemente el Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia 88/2024, de 5 de junio, sobre la maliciosamente denominada Ley Uber de Madrid (Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid). Con esta Ley se mantiene el servicio urbano de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), a siete millones de ciudadanos, que es prestado por casi nueve mil vehículos.
La oferta ilicitana de transporte en taxi se ha mantenido invariable durante décadas, y, de un tiempo a esta parte, no se presta adecuadamente, resultando cada vez más frecuentes los momentos de desabastecimiento, las largas colas en las paradas de aeropuerto y la prolongación de las esperas en la calle o al teléfono de Radio Taxi Elche para conseguir la recogida por un taxi.
La economía circular ya es un concepto ampliamente aceptado. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), tiene mayor alcance que la mera gestión de residuos. Implica mantener los materiales en uso, ya sea como producto o, cuando ya no se puedan usar, como componentes o materias primas. De esta manera, se minimizan los residuos y se conserva el valor intrínseco de los productos y materiales. Asimismo, persigue diseñar en origen los materiales y productos de manera que puedan ser recirculados en el proceso económico, y, permite regenerar la naturaleza al pasar de una economía lineal de extraer, producir y desperdiciar a una economía circular, liberando de presión a los procesos naturales y ganando espacios verdes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado por sentencia de 1 de febrero de 2024 (caso C-251/22) la multa de 880 millones de euros impuesta a Scania por la Comisión Europea por su participación en el cártel de fabricantes de camiones. La Comisión Europea condena ahora a Scania, tras su recurso de casación, por establecer y participar en los acuerdos colusorios junto con el resto de los fabricantes, que tuvieron lugar entre 1997 y 2011 para limitar la competencia en el mercado de los camiones medios y pesados en el espacio económico europeo (EEE)