Cabify y Uber entraron en el transporte urbano como un elefante en una cacharrería. Con diferentes perfiles, pero llevando al límite de lo admisible la regulación de transportes. Con un modo de explotación del servicio al borde de la ley, y muchas de las veces, al otro lado del borde.
El modelo de negocio de Uber en España tuvo que ser suspendido por los tribunales y censurado por Europa. Cabify para desarrollarse necesitó crear un entramado societario que aprovechó una disfunción legal para lograr, de un modo especulativo, el control de miles de nuevas autorizaciones de arrendamiento con conductor (VTC), que vendieron a empresas y autónomos por más de mil veces su valor inicial, con el anzuelo de un trabajo suministrado por la aplicación. Para remate, sedes en paraísos fiscales facilitadores de elusión fiscal y la precariedad de sus plantillas tampoco han ayudado a una integración pacífica.
Por el contrario, las soluciones tecnológicas y las virtudes del servicio, que no ha podido ofrecer el taxi al usuario por estar encorsetado en una legislación obsoleta que propicia fallos de mercado, han sido las principales herramientas que han hecho que estas plataformas se ganen el favor del público, creando un nuevo mercado que aumenta la demanda de servicios de transporte, que no debemos estrangular, sino regular eficientemente, en beneficio mutuo.
La economía no es un juego de suma cero, sino que, de la mano de la tecnología, las restricciones y gravámenes al uso del vehículo privado y las nuevas costumbres sociales, los taxis pueden beneficiarse e incrementar sus ingresos y reforzar su papel en nuestras ciudades junto con VTC, coches compartidos, bicicletas, patinetes y demás artilugios, presentes y futuros, del bestiario de la movilidad.
"El conflicto se cerró en falso por el Gobierno el pasado verano. No se buscó resolver el núcleo del problema, sino postergarlo"
Los taxistas han combatido la disrupción con distintas estrategias. Unos con el objetivo de mejorar la competitividad y obtener una regulación eficiente, mientras se frenaba el sorpasso de las VTC en el Tribunal Supremo, proponiendo un "pacto por la movilidad" entre administraciones, sectores económicos y usuarios, del que todos salgan beneficiados. Otros, más centrados en la idea del servicio público que en atender las preferencias del usuario, persiguen atajar la competencia efectiva de las empresas de VTC en una cruzada que devuelva al taxi a la situación previa a la entrada de las plataformas digitales. Al final ambos se han visto arrojados juntos a un conflicto de incierto resultado, envenenado por la peor parte de la política y los políticos.
El conflicto se cerró en falso por el Gobierno el pasado verano. No se buscó resolver el núcleo del problema, sino postergarlo y, a la vez, mudar el ámbito de decisión a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que lo reciben con desigual entusiasmo.
La Generalitat de Cataluña anuncia nuevas restricciones a las VTC, aparentemente a favor del taxi, mientras que la Comunidad de Madrid, condicionada por el fin de la legislatura, echa un pulso a los taxistas que pone en vía muerta la solución al conflicto. Todo culminará en un nuevo "tour de force" que, a la larga, no ayuda a resolver un problema que precisa más análisis, diálogo, manejo de datos reales, cierta visión de futuro y también de algo exótico en España: cooperación y lealtad entre administraciones (léase también partidos políticos).
"Con el mínimo perjuicio al interés general, deben establecerse medidas de compensación para reparar el daño producido a los taxistas"
Por una cuestión de dignidad y justicia material, con el mínimo perjuicio al interés general, deben establecerse medidas de compensación para reparar el daño producido a los taxistas. VTC y plataformas tendrían que destinar parte de sus ingresos a dichas compensaciones; establecer reglas de precontratación claras que distingan ambos servicios, adecuar el tamaño y operatividad temporal de la flota a las necesidades reales de la demanda implantando descansos y horarios similares a los del taxi; digitalizar la inspección para controlar eficazmente las invasiones del mercado ajeno; reducir los desplazamientos en vacío por ineficientes y no sostenibles medioambientalmente; reservar al taxi, como servicio de interés general, carriles y zonas restringidas, especialmente en centros históricos; equiparar los requisitos de acceso y formación de los conductores y aplicarles controles sobre jornadas y aspectos relativos a la seguridad vial.
Emilio Domínguez del Valle, es Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI)
