Redactor de Macro en elEconomista
Isabel Díaz Ayuso contraatacó el pasado mes de febrero con una deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para inversores extranjeros que trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid. El objetivo de la presidenta madrileña es doble, por un lado presta batalla al impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, y por otro, presenta Madrid como un poco de atracción de inversiones en pleno debate sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos.
El estallido de la crisis de la inflación amplió la brecha social en España en 2022, según según explica Freemarket en su último estudio sobre el impacto del paquete de medidas en auxilio de los hogares más vulnerables. Las consecuencias que la guerra en Ucrania están provocando sobre las finanzas de los hogares más vulnerables han roto la recuperación iniciada tras los recortes recetados por el Gobierno del Partido Popular fruto de la crisis financiera de 2008. El estancamiento de la inflación subyacente, el rastro que han dejado las facturas energéticas más caras de los últimos años y el encarecimiento récord de las condiciones hipotecarias, han terminado por disparar el número de personas en riesgo de exclusión.
El Gobierno recoge el guante lanzado por la Comisión Europea y aprueba la ley de paridad, que exigirá la presencia de al menos un 40% de mujeres en los órganos de decisión de las grandes empresas españolas a partir del 1 de julio de 2024. La norma, impulsada en la víspera del Día Internacional de la Mujer, se extiende a Gobierno y listas electorales con el objetivo de alcanzar la diversidad de género en el Congreso, el Senado, las cámaras autonómicas y municipales.
La marcha de Ferrovial a Holanda rasga el debate sobre la presión impositiva soportada por las grandes empresas españolas. Su presidente, Rafael del Pino, aprovechó la presentación de resultados del pasado martes para anunciar el traslado de su sede social a Ámsterdam, revolucionando el tablero político a unos meses de la primera de las dos citas de España con las urnas.
El ministro de la Seguridad Social tratará de forzar la maquinaria para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones con el aval de los agentes sociales. El propio José Luis Escrivá adelantó la pasada semana que "estamos muy cerca de poder cerrar el proceso", tras su reunión con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Sin embargo, su ministerio no ha convocado ningún encuentro con los agentes sociales, a pesar de que fuentes del Gobierno aseguran que "su intención es sacar la reforma con consenso". La misión es complicada. Sobre Moncloa pende la presión de Bruselas, que exige anunciar la medida en uno de los próximos Consejos de Ministros. De momento, el texto, el único hito del Plan de Recuperación que no ha conseguido impulsar a tiempo el Ejecutivo, sigue abierto.
El Gobierno ultima la segunda parte de la reforma de las pensiones, presionada por Bruselas, que la pasada semana recordó al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que el compromiso caducó el pasado mes de diciembre. El clima no es el propicio para lo que demandará 2023. La Comisión Europea amenazó a España con las máximas sanciones en el caso de que el texto siga demorándose. La advertencia del Ejecutivo comunitaria se refiere al cuarto pago del Plan de Recuperación, que podría verse reducido en el caso de que el departamento de Seguridad Social no impulse la norma durante los próximos días.
Susana Solís aterrizó el pasado 20 de febrero en España junto al resto de la misión del Parlamento Europeo encargada de verificar la gestión que el Gobierno está llevando a cabo de los fondos europeos. La visita, controvertida de principio a fin, que volvió a Estrasburgo, sin conocer el dato de ejecución real de los 'NextGen'. Lo denunció su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, y lo confirma la eurodiputada española de Ciudadanos.