El ministro de la Seguridad Social tratará de forzar la maquinaria para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones con el aval de los agentes sociales. El propio José Luis Escrivá adelantó la pasada semana que "estamos muy cerca de poder cerrar el proceso", tras su reunión con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Sin embargo, su ministerio no ha convocado ningún encuentro con los agentes sociales, a pesar de que fuentes del Gobierno aseguran que "su intención es sacar la reforma con consenso". La misión es complicada. Sobre Moncloa pende la presión de Bruselas, que exige anunciar la medida en uno de los próximos Consejos de Ministros. De momento, el texto, el único hito del Plan de Recuperación que no ha conseguido impulsar a tiempo el Ejecutivo, sigue abierto.
La negociación de su contenido ha sufrido varios altibajos desde el inicio de 2023. El complejo momento por el que pasan las relaciones del Gobierno con sindicatos y sobre todo patronal, ha provocado varios parones en el desarrollo de los trabajos.
El pasado jueves, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó la lentitud del ministro en impulsar las reuniones. Algo más complicado se adivina la relación con los empresarios, muy afectada por los constantes desencuentros protagonizados durante las últimas semanas. La comunicación se debilitó aun más desde la aprobación de la subida del SMI. La medida, acordada sin el visto bueno de la CEOE, disparó la tensión con la patronal. Desde entonces, su presidente, Antonio Garamendi, no ha dejado de cruzar reproches con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un elevado clima de tensión que el pasado lunes exteriorizó el presidente del Círculo de Empresarios durante la Cátedra de 'La Caixa'. Manuel Pérez-Sala aseguró que "el Gobierno considera al empresario como una figura a perseguir". Desde la CEOE confirman que tampoco cuentan con convocatorias a la vista "de momento".
Sin reuniones a la vista
Con estos mimbres, la mesa del diálogo social se queda coja. A ello, se añaden las quejas que los sindicatos han vertido sobre el empeño de Escrivá durante los últimos meses. Fuentes sindicales confirmaron la ausencia de próximas convocatorias por parte de Seguridad Social, que deberá elegir entre aprobar la medida por libre y sin el aval de la mesa de negociación, o impulsar una sesión exprés de trabajo que consolide al menos un acuerdo de mínimos. La idea inicial de Moncloa era aprobar el texto antes del final de 2022, para su entrada en vigor el pasado 1 de enero. Aun así, el equipo del ministro tratará de priorizar el acuerdo a los plazos exigidos.
La labor de Escrivá no es sencilla. El titular de la Seguridad Social no sólo debe acordar con los agentes sociales el contenido del texto, sino que debe buscar el consenso con sus socios de coalición. La brecha que separa a PSOE y Unidas Podemos ya frenó el avance de la reforma el pasado mes de enero. Desde entonces, el grupo parlamentario no ha dejado de criticar la falta de vocación de diálogo del departamento de Seguridad Social, especialmente en aspectos clave como el periodo de cálculo. En su propuesta inicial, Escrivá pretende elevarlo desde los 25 años actuales, a los 30, con la posibilidad de eliminar del cómputo los 24 meses más lesivos para la cotización del trabajador.
La propuesta no convence en ninguno de los lados de la mesa. Los empresarios apuestan por elevar la edad de jubilación como única solución para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sindicatos y Unidas Podemos rechazan que la fórmula elegida por Escrivá, que terminaría por ampliar hasta los 28 años el periodo de cálculo, tras eliminar los dos más dañinos de la carrera.
Bruselas presiona
Todo ello, mientras la Comisión Europea sigue de cerca su desarrollo. Bruselas avisó al Ejecutivo de que sancionará a España si no cierra cuanto antes el documento que debe garantizar la sostenibilidad del sistema. La amenaza pone en jaque el desembolso de los 10.000 millones de euros procedentes del cuarto tramo de los fondos europeos. Sin embargo, tras su visita, la líder de la misión de control de los Next Generation del Parlamento Europeo, Monika Hehlmeier, descartó que el Ejecutivo comunitario terminase por "contar el grifo" de la financiación por este motivo. La alemana aseguro que el ministro les había expresado su compromiso en impulsar la norma en el menor tiempo posible.
Mucho depende del contenido de un texto que cuenta con varias críticas por parte de los expertos. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, insistió la pasada semana en que la reforma avanza en la dirección "incorrecta". En un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas, De la Fuente hizo hincapié en el aumento del déficit que supondrá el texto diseñado por Escrivá. La medida incluye un crecimiento del gasto en pensiones de 3,5 puntos sobre el PIB hasta 2050. "Hay que buscar maneras para financiar ese déficit del sistema contributivo", dijo el economista que propuso un recargo de la cuota del IRPF para todas las rentas, y no sólo las más altas.
