Isabel Díaz Ayuso contraatacó el pasado mes de febrero con una deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para inversores extranjeros que trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid. El objetivo de la presidenta madrileña es doble, por un lado presta batalla al impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, y por otro, presenta Madrid como un poco de atracción de inversiones en pleno debate sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos.
Sin embargo, la medida podría naufragar ante el rechazo de su socio de investidura. "No puede ser que a un extranjero se le esté proponiendo que invierta en una vivienda de 300.000 euros y se le devuelva a los seis años 60.000, y un madrileño que compra en una vivienda por la misma cantidad, si tiene suerte, tiene un hijo o adopta, se le devuelvan 7.000 euros", dijo la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, el pasado martes.
Los 13 parlamentarios con los que la formación cuenta en la Cámara autonómica podrían votar en contra si la presidenta popular no acepta extender la medida al resto. Desde la consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty prefieren esperar al debate parlamentario del proyecto de ley previsto para la próxima semana.
El incentivo diseñado desde la Puerta del Sol, destinado a inversores que lleven viviendo fuera de España al menos cinco años, promete crear "casi 13.000 puestos de trabajo" y sumar 886 millones de euros al PIB autonómico. "Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, se estima que cerca de 125 millones de euros", apuntan desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La recaudación anual actual por impuestos procedentes de la inversión extranjera se sitúa en los 700 millones de euros. De activarse la medida, la consejería de Hacienda pretende utilizar el excedente de ingresos en "la prestación de servicios públicos".
La medida ha sido aplaudida por las casas de análisis como Freemarket quienes consideran que Madrid afronta un importante peligro en el caso de que el impuesto de solidaridad estatal sobre los grandes patrimonios no cuente con un contrapeso a escala autonómica.
La posible expulsión de patrimonios, según esas mismas fuentes, tendría un perjuicio para las cuentas regionales madrileñas, en términos de recaudación, de 5.000 millones de euros. A esta cifra deberían añadirse los 1.600 millones de euros anuales que se perderían en inversión exterior.
