Susana Solís aterrizó el pasado 20 de febrero en España junto al resto de la misión del Parlamento Europeo encargada de verificar la gestión que el Gobierno está llevando a cabo de los fondos europeos. La visita, controvertida de principio a fin, que volvió a Estrasburgo, sin conocer el dato de ejecución real de los 'NextGen'. Lo denunció su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, y lo confirma la eurodiputada española de Ciudadanos.
¿De verdad se marcharon de España sin conocer el detalle de la ejecución real de los fondos?
Si. Uno de los objetivos era que hubiera más transparencia sobre el estado de ejecución de los proyectos, que no son los que nos dio el Gobierno. Lo hemos preguntado en cada reunión y no nos lo han llegado a dar. De los 31.000 millones nos han dicho que se han ejecutado 23,000, pero eso no quiere decir que hayan llegado a la economía real. Lo que queríamos saber es cuanto se ha pagado y a que sectores, empresas y ciudadanos han llegado. Y esa información no la tenemos, no sabemos si es porque no la tiene el Gobierno o porque no nos la ha querido dar.
¿Y cómo se justificaron?
Ellos dan por ejecutado la transferencia al organismo, pero no es así. Nosotros queremos saber si se ha hecho ese pago o no. El último dato de ejecución real es de agosto de 2021.
¿La relación con el Gobierno fue buena?
Algunos ministerios nos contestaron con más detalle que otros. La vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá nos dedicaron mucho tiempo, Hacienda apenas 30 minutos y luego nos dejó con su equipo. Nos llamó la atención que la reunión con la ministra de Industria que debía explicarnos la ejecución de los Perte, se cayera de la agenda..
Otras de las críticas que hicieron tiene que ver con la lentitud de los datos recogidos
El Gobierno está utilizando el sistema CoFFEE para volcar todos los datos. Está funcionando, pero falta por cargar mucha información por parte de las CCAA. Algunas han cargado un 20%, otras un 40%. El problema es que es un sistema de gestión interno que utiliza datos confidenciales, por lo que no puede ser publicado..
Entonces, ¿son las CCAA las que retrasan esa transparencia?
Puede ser. Nosotros no hemos llegado a ver todo lo que está volcado porque el nivel de carga de de las CCAA es muy desigual. El problema es que es un sistema muy bueno, pero muy complejo y que muchos de ellos todavía están aprendiendo a utilizar.
¿Por qué hizo hincapié la delegación en la reforma del delito de malversación si no se detectó rastro de fraude?
Es algo que se preguntó a todos los ministerios, porque a la Comisión de Control le preocupa mucho que haya tolerancia cero contra la corrupción, y a ella (Hohlmeier) le preocupa mucho que el hecho de rebajar el Código Penal pueda tener un efecto en los intereses financieros de la UE.
¿Duda entonces del nivel de tolerancia contra la corrupción del Gobierno?
Bueno, Monika Hohlmeier lo preguntó y no nos han contestado. Lo único que nos han dicho es que en España hay un total control contra la corrupción.
Se marcharon de España dejando varias recomendaciones, pero en términos generales la valoración que hacen de la gestión ¿es positiva o negativa?
Es positiva porque se ha arrojado mucha luz. A veces se nos ha dicho que veníamos con una intención política, y no. Lo hacemos con muchos países, España ha sido el primero porque es que pionero y el que más fondos ha recibido. La visita ha desvelado algunos puntos débiles, como la transparencia, la trazabilidad del gasto, en la burocracia y en la comunicación con las CCAA y la cogobernanza. Pero todos estamos interesados en que España sea exitosa, porque nos jugamos muchos.
¿Fueron testigos la esa tensión política entre Gobierno y algunas autonomías durante su visita?
Nos reunimos con cinco CCAA y hay dos que tenían una visión sobre la cogobernanza completamente diferente al de las otras. El Gobierno ha repetido mucho que se han celebrado 139 conferencias sectoriales. Parece que fueron puramente informativas, pero no participativas. En la carta que nos mandó la ministra (Calviño) pasaba la 'patata caliente' a las CCAA y les dijo: "Vosotros habéis aceptado las asignaciones y ahora sois vosotros los responsables de la ejecución de esos fondos".
¿Esa tensión política se trasladó al grupo de eurodiputados?
Esa tensión empezó antes de la visita con el intercambio de cartas y con el debate a cerca de la necesidad de la misión. Nosotros pactamos lo que Hohlmeier dijo en la rueda de prensa, pero luego hay matices. Hay muchos datos, la verdad es que no son ininteligibles y no dan información. Hubo discusión política dentro sobre si sacar o no lo del delito de malversación.
Su compañera de misión, Isabel García, dijo que Hohlmeier es "vehemente" y "dura", ¿comparte usted esa impresión?
Ella (García) dijo que nos habían dado los datos y que sabíamos donde estaba el dinero. La verdad es que sí tenemos datos, pero no de ejecución final, no nos los han enseñado.
¿Se han sentido cuestionados como organismo de control?
El intercambio de cartas no ayudó. La visita era muy legítima. Se enturbió por ese intercambio político y por las malinterpretaciones que hubo. Pero no ha habido coacción por ninguna parte, solo un ruido de fondos.
