El estallido de la crisis de la inflación amplió la brecha social en España en 2022, según según explica Freemarket en su último estudio sobre el impacto del paquete de medidas en auxilio de los hogares más vulnerables. Las consecuencias que la guerra en Ucrania están provocando sobre las finanzas de los hogares más vulnerables han roto la recuperación iniciada tras los recortes recetados por el Gobierno del Partido Popular fruto de la crisis financiera de 2008. El estancamiento de la inflación subyacente, el rastro que han dejado las facturas energéticas más caras de los últimos años y el encarecimiento récord de las condiciones hipotecarias, han terminado por disparar el número de personas en riesgo de exclusión.
Según la tasa AROPE, un 21% de los ciudadanos se encuentran actualmente al borde de la pobreza. "No sólo creció respecto al año pasado, 2021, sino que se mantuvieron las diferencias de género, estando las mujeres en una peor situación que los hombres a pesar de haber sufrido éstos una variación más desfavorable en el último año", explica el informe 'Proverty Watch España 2022' elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN).
La explosión de los acontecimiento, cuando la pandemia comenzaba a quedar atrás, provocó la aplicación atropellada de medidas antiinflación con las que el Gobierno trató de amortiguar el impacto de los precios sobre los hogares. El paso de los meses afinó el destino de las ayudas hacia las familias más vulnerables, pero la mella en el poder adquisitivo ya había acelerado la desigualdad en España. "El coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno no guarda proporcionalidad alguna con los beneficios percibidos por los hogares situados en los escalones más bajos de la distribución de la renta", asegura Freemarket en su último estudio sobre el impacto del paquete de medidas en auxilio de los hogares más vulnerables.
Desde el inicio de la crisis de la inflación, el Ejecutivo ha dedicado 45.000 millones de euros a rebajas de impuestos y medidas. Sin embargo, la consultora de análisis apunta que España es la gran economía europea en la que más ha subido la Tasa de Riesgo de Pobreza. Según los datos distribuidos por Eurostat el porcentaje de la población al borde de la exclusión después de transferencias sociales subió hasta los 21,7 puntos en 2021. En contra, Irlanda consiguió recortar su cota casi un punto, hasta el 12,9%. "España es por tanto el país de la muestra, junto a Italia, en el que el sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de la población en Riesgo de Pobreza antes y después de la contracción económica generada por la pandemia", asegura la entidad presidida por Lorenzo Bernaldo de Quirós.
El papel de las CCAA
Lo cierto, es que más allá del impacto más o menos acertado del Gobierno central, las competencias sociales residen -en su mayor parte- en las comunidades autónomas, tal y como recuerda EAPN en su informe, "esto debería ser un esfuerzo conjunto en todas partes, y especialmente por parte de las regiones con mayores índices de pobreza", afirman.
El incremento del gasto de las comunidades autónomas en políticas sociales fue del 7% entre 2019 y 2021, la cifra contrasta con el despliegue de financiación que éstas dedicaron al resto de partidas, del 34% en ese mismo periodo, casi 5 veces más, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La entidad desvela que 12 de los 17 gobiernos autonómicos redujeron incluso el gasto social a pesar de las circunstancias, siendo especialmente acusado el descenso en la Comunidad de Madrid, que lo redujo un 10,18%.
Medidas podo acertadas
La precaria protección social se suma al mayor impacto que el auge del IPC tiene sobre las familias con menores rentas. Según los datos del Banco de España la inflación soportada por el 30% de hogares con menor renta alcanzó los 11,3 puntos, por contra los entornos con mayores ingresos soportaron un encarecimiento de 9,7 puntos. La presión fue un 16,5% superior en aquellas familias con situaciones más vulnerables.
Las medidas iniciales aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ayudaron a mitigar la brecha. Una de las pioneras, la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, benefició un 39% más a loas familias con mayores rentas que a aquellas con menores recursos, según Freemarket.
Lo mismo ocurrió con la bonificación de 20 céntimos al litro de carburante, a la que Moncloa puso fin el 31 de diciembre de 2022. La ayuda benefició un 192% más a los hogares con mayores ingresos, según el regulador bancario. La norma fue discutida desde el inicio de su aprobación, en plena tormenta de precios del petróleo. Fedea pidió utilizar el coste de todas estas medidas para financiar ayudas directas "muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables".
La entidad pidió además a las puertas del verano acabar con el descuento a la gasolina y la rebaja al impuesto sobre la electricidad, y orientar el gasto a reducir los tipos de IRPF para los tramos bajos y deflactar el impuesto con la inflación. Un punto, el referido al impuesto sobre la renta, que terminó por aplicar el Ejecutivo.