La resistencia de los mercados está en el punto de mira tras el anuncio del pasado sábado del presidente de EE. UU, Donald Trump, de imponer unos aranceles del 30% a los productos procedentes de la Unión Europea a partir del 1 de agosto. La bolsa está, por tanto, pendiente de los datos de inflación en Europa y el país norteamericano, y las compañías a la espera de que se produzca o no un un desplome masivo en la cotización.
Indra se tomará con calma la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), al menos con un mayor periodo de reflexión del inicialmente previsto. Las expectativas ahora pasan por acordar la operación a lo largo del último trimestre del año, más allá de las estimadas de finales de este verano. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, el mensaje implícito del consejo de administración del pasado jueves apunta a que la multinacional pisará el freno en su ambición por crecer a través de adquisiciones.
Las miras geopolíticas van encaminadas hacia el mismo rumbo. El 'rearme' militar está marcando la agenda de las partidas presupuestarias al tiempo que la industria de defensa española crece a doble dígito, aunque con un alto índice de concentración en las ventas del sector.
El eurodiputado Alvise Pérez ha admitido en su comparecencia voluntaria ante el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo -alias CryptoSpain-, pese a que ha negado que utilizase ese efectivo para la financiación electoral de Se Acabó La Fiesta para las elecciones europeas del pasado junio de 2024. Según fuentes jurídicas, el eurodiputado ha reconocido que gastó la mitad del dinero en cosas "personales" y en viajes "profesionales" relacionados con su ocupación política, y que la otra mitad aún la conserva.
España ha pactado con la OTAN aumentar en 14.000 el número de militares hasta 2035 después de, tal y como publicó este periódico, registrar el mínimo de efectivos desde 2001. La medida, encuadrada en el Objetivo de Capacidades asignado por la Alianza Atlántica a España y en un contexto donde prima el 'rearme' militar, supone un incremento del 11%, hasta superar los 130.000 soldados.
El Grupo Indra ha creado una comisión específica para analizar la compra de Escribano sin riesgo a que se produzcan conflictos de intereses. Dicho organismo estará integrado por consejeros independientes y tendrá vocación de permanencia para entrar en funcionamiento ante casos similares en el futuro. Según ha comunicado la propia compañía en un hecho relevante ese jueves, los miembros de la cúpula han adoptado por unanimidad esta decisión "para supervisar el cumplimiento de las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés". Indra también señala que capacitará a un director independiente principal para proponer a la Junta -después de consultar al resto de los directores de dicho órgano- las reglas de funcionamiento.
Ángeles Santamaría Martín, consejera independiente de Indra, ha presentado su dimisión esta misma tarde, momentos antes de que la cúpula de la tecnológica debata la fusión de la tecnológica con la empresa familia Escribano. En el comunicado, al que ha tenido acceso este periódico, Santamaría Martín achaca las razones de su renuncia a un "cambio en mis circunstancias personales que me impiden continuar dedicando a la Sociedad la atención y el tiempo necesarios".
El instructor del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha reclamado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Congreso de los Diputados la información económica de las donaciones que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, hizo al partido, entre 2014 y 2024, y los pagos que éste ha percibido como diputado de la Cámara.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm ha archivado la causa que trataba de investigar si el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido, presuntamente, un delito de violencia de género hacia su expareja, Patricia Úriz. El magistrado ha dado carpetazo a la apertura de diligencias, pese a que ninguno de los dos 'protagonistas' -García y Úriz- hayan sido llamados a declarar.
El Tribunal de Cuentas vasco ha detectado irregularidades en la contratación pública de la Diputación de Guipúzcoa durante el ejercicio 2023. Según el último informe de fiscalización del pasado mes de mayo, hay más de una cuarentena de contratos y expedientes públicos con deficiencias y anomalías en su gestión con un valor total de 490 millones de euros, incluyendo también algunas subvenciones y procedimientos internos de entes dependientes de la Diputación.