El eurodiputado Alvise Pérez ha admitido en su comparecencia voluntaria ante el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo -alias CryptoSpain-, pese a que ha negado que utilizase ese efectivo para la financiación electoral de Se Acabó La Fiesta para las elecciones europeas del pasado junio de 2024. Según fuentes jurídicas, el eurodiputado ha reconocido que gastó la mitad del dinero en cosas "personales" y en viajes "profesionales" relacionados con su ocupación política, y que la otra mitad aún la conserva.
Alvise Pérez ha contestado, no obstante, a las preguntas de su letrado y del magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, que investiga un presunto delito de financiación ilegal y electoral de partido político tras la denuncia que presentó el empresario Romillo en diciembre de 2023. Esta causa se encuentra enmarcada dentro de una línea de investigación separada de la pieza principal, donde el magistrado indaga la presunta estafa piramidal perpetrada por Madeira Invest Club (MIC), el entramado del que Romillo habría sido máximo responsable y de donde habría sacado esos 100.000 euros para el eurodiputado.
El empresario Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, crearon este complejo entramado societario que, al menos, suma tal y como adelantó este periódico 26 sociedades, y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores prometiendo rentabilidades de más del 50%. La red gestionaba fondos a través de cuentas bancarias en Portugal y otros países y utilizaba estructuras corporativas de Nuevo México (EEUU), donde está registrada Proelucyon LLC.
Esta compañía es, además, una de las piezas principales del entramado, que ofrecía servicios de ocultación de activos a través de la mercantil Senitel, la sociedad de seguridad de cajas fuertes de la que Alvise recibió los 100.000 en efectivo. Cantidad que, según ha explicado, recibió por la charla que dio sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario Romillo, y que le hicieron llegar dos trabajadores de éste en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.
Pese a que el eurodiputado ha negado utilizar ese efectivo para la financiación de Se Acabó La Fiesta, los investigadores creen que podría haber incurrido en un posible delito de financiación electoral, que prevé entre uno y cuatro años de prisión para los responsables de las candidaturas. La Fiscalía solicitó de hecho analizar en profundidad las cuentas del eurodiputado y de su partido político, así como el "tráfico de las wallets creadas" para la financiación de la campaña electoral y los "justificantes de los pagos efectuados" a fin de probar si hubo la comisión del delito de financiación ilegal.
Fuentes próximas al eurodiputado aseguran que, el líder de Se Acabó La Fiesta recurrirá a un antiguo escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para demostrar que no había delito en la causa, donde se explica que las donaciones destinadas a gastos electorales "quedan fuera del ámbito penal".