Redactora de investigación y tribunales en elEconomista. Licenciada en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos. Amante de la veracidad y la comunicación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado este jueves el domicilio personal de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector General de Carreteras, Javier Herrero, por su presunta participación en el amaño de obras públicas a cambio de comisiones, que se investiga en el denominado 'caso Koldo'.

Santos Cerdán podría haber incurrido en varios delitos tras la firma del documento privado de compraventa del 45% de las participaciones en Servinabar, la sociedad clave en la trama de las mordidas a cambio de obra pública. El Consejo General del Notariado ha advertido de que "la transmisión de participaciones sociales en documento privado solo tiene una finalidad: favorecer la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la ocultación del auténtico propietario tras el testaferro" .

El ministerio de Transportes encabezado por Óscar Puente adjudicó en abril de este año un contrato para la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios –donde están distintos edificios ministeriales– a una empresa beneficiada por el investigado y exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, ha acudido al Tribunal Supremo por tercera vez para su comparecencia ante el magistrado Leopoldo Puente, pese a que únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado y del instructor. El exministro ha negado cualquiera de las actuaciones que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como uno de los cabecillas de la trama de corrupción que cerca al PSOE. Según ha dicho, no se reconoce en los audios, donde se expone el presunto amaño de obras públicas a cambio de comisiones y ha añadido que "podrían estar manipulados".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, adjudicó en 2022 un contrato en Canarias, de cuya Gobierno era entonces presidente, a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una de las empresas vinculado a la trama Koldo y bajo sospecha por el pago de mordidas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha lanzado una operación para registrar la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz; la empresa pública Adif, el ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras, en busca de pruebas de corrupción. Lo hace a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente tras destaparse la trama de las mordidas que implicaba a los anteriores secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El suegro de María Chivite, Pedro María Mangado Pinillos, adjudicó una obra a una empresa socia de Servinabar, la firma vinculada a Santos Cerdán e implicada en las supuestas mordidas desveladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La sociedad Excavaciones Fermín Oses participó en las obras de casi 63 millones de euros del Túnel de Belate en UTE con Acciona y Servinabar, y logró asimismo contratos de construcción en Sesma, el pueblo donde Mangado es alcalde.

Servinabar 2000, la empresa controlada por Santos Cerdán y Antxon Alonso, que ha logrado en los últimos años casi 100 millones de euros en contratos de obra pública, -la mayoría de la mano de Acciona, ingresando alrededor de un 10% del total- logró las adjudicaciones sin tener apenas actividad ni empleados.

Santos Cerdán ocultó en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados el 45% que tenía en Servinabar, una de las empresas clave en la trama de las mordidas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el registro que llevó a cabo en el domicilio de Joseba Antxón Alonso, el principal accionista de esta compañía, un documento que demuestra la participación en la sociedad del ya exsecretario de Organización del PSOE.

El Gobierno de Navarra que preside la socialista María Chivite ocultó información sobre la obra pública entre 2019 y 2023 en la plataforma de contratación autonómica. Es una de las conclusiones a las que ha llegada la denominada Cámara de Comptos, el equivalente al Tribunal de Cuentas navarro, en un informe publicado el pasado mes de noviembre en el que denuncia además múltiples irregularidades.