José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, ha acudido al Tribunal Supremo por tercera vez para su comparecencia ante el magistrado Leopoldo Puente, pese a que únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado y del instructor. El exministro ha negado cualquiera de las actuaciones que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como uno de los cabecillas de la trama de corrupción que cerca al PSOE. Según ha dicho, no se reconoce en los audios, donde se expone el presunto amaño de obras públicas a cambio de comisiones y ha añadido que "podrían estar manipulados".
Ábalos ha asegurado además que no se encontraba bien durante su declaración e incluso ha detallado que desconocía las actuaciones de su sucesor en la Secretaría de Organización socialista, Santos Cerdán, de que éste hubiera intercedido en la manipulación de la adjudicación de contratos de obra pública en Navarra -pese a que, tal y como adelantó este periódico, algunas de las adjudicaciones se dieron a empresas con apenas capital y sin empleados-.
Eso sí, el exministro reconoció que tanto Koldo como Cerdán se tomaban atribuciones que no les correspondían. Preguntado por los motivos que le empujaron a pedir a una amiga que sacara escondido un disco duro de la vivienda de su propiedad en la que la UCO estaba realizando un registro, Ábalos respondió que el contenido de ese dispositivo es el mismo de otro que ya está en manos de la Guardia Civil. En esa misma línea de negar todos los cargos en su contra, ha asegurado no haber dado ninguna orden a Koldo para que lograra un puesto de trabajo a Claudia Montes en una empresa pública, negando también cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa.
La declaración se produce después de que el exnumero 2 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera este domingo en un despacho de abogados con la defensa de su exasesor, Koldo García. Ambos podrían haber pactado una estrategia de defensa, según fuentes consultadas, para justificar el material revelado por los agentes.
García, sin embargo, se ha negado a declarar ante el Alto Tribunal y se ha acogido a su derecho de no comparecer tras intentar aplazar su declaración, pues alegaba que no se le ha "facilitado hasta la fecha copia íntegra de las actuaciones, lo que impide ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva".
La fiscalía rechaza la entrada en prisión
En cualquier caso y, según el auto dictado por el instructor al que ha tenido acceso este periódico, el Alto Tribunal ha rechazado la entrada en prisión de ambos investigados, que solicitaban las acusaciones particulares, y ha decidido mantener las medidas cautelares ya interpuestas en la causa: la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte, que fue entregado por él en la Secretaría de la Sala Segunda de este Tribunal Supremo; y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, o el siguiente día si alguno de aquéllos fuera festivo, así como cuantas veces fuere llamado.
En el auto, el magistrado descarta que "exista en el caso del investigado riesgo alguno de que pudiera cometer nuevos hechos delictivos de naturaleza equivalente a los investigados" y que "no se advierte tampoco la presencia de un peligro fundado y concreto de que el mismo pudiera ocultar, destruir o alterar medios relevantes de prueba".
El instructor asegura, no obstante, que hay "indicios muy consistentes" de que tanto Ábalos como Koldo García "podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas, determinadas en el marco del Ministerio del que el primero era titular, -- debidamente identificadas en el mencionado informe--, concertados con terceras personas para este fin".
En paralelo, el letrado que ejerce la defensa del investigado Santos Cerdán, que se encontraba en el Tribunal Supremo, ha detallado que su cliente no tenía ninguna influencia en el ministerio, descartando así su posible implicación en la trama que le atribuyen los agentes. En la misma línea, ha explicado que el documento de su participación en el accionariado de Servinabar -una de las empresas claves de la trama- y que encontraron los agentes en el registro de su domicilio, es privado y que, por tanto, no ha de estar en un Juzgado ni tiene valía al ser una "simple escritura".