El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en tramitación, plantea una serie de modificaciones que ponen en grave peligro el empleo de miles de personas con discapacidad en España. Con una afectación directa sobre los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, es razonable temer que esta reforma no solo excluye a estos centros del reconocimiento como entidades de la Economía Social, sino que despoja a más de 60.000 trabajadores con discapacidad de un empleo digno y estable. Los CEE han demostrado ser un pilar fundamental en la inserción laboral de las personas con discapacidad. En 2023, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), estos centros dieron trabajo a casi 130.000 personas, de las cuales más de 111.000 eran trabajadores con discapacidad. De ellos, el 57,62% prestaba servicios en CEE de iniciativa empresarial. La nueva legislación pretende marginar a estos últimos, negándoles su papel en la Economía Social.
