Desde inicios de año, las cuentas no cuadran en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que gasta más en prestaciones por desempleo de lo que ingresa a través de las cuotas destinadas a cubrir esta ayuda dentro de las cotizaciones sociales. El organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social incurrió en un déficit de 169.000 euros en el mes de febrero, según reflejan los informes de ejecución presupuestaria, tras registrar un mes de enero también en negativo (-22.062 euros). El esquema de prestaciones por desempleo vuelve así a números rojos por primera vez desde 2021, pese a tener un mayor nivel de empleo y menos parados, cuando estos ya ingresan más de 1.000 euros al mes de media.
Las cuentas del servicio público tienen un carácter acumulativo, de forma que lo gastado y lo ingresado cada mes se añade a lo del siguiente, lo que permite fijar qué porcentaje del presupuesto calculado para todo el año se ha consumido. Los 4.307.829,77 euros gastados en estos dos primeros meses han agotado un 20,6% del total y superan en un 7% el presupuesto destinado en el mismo periodo del año anterior, cuando había 167.000 parados más en las listas del SEPE. Como ya contó este periódico, en parte esto tiene que ver con que los trabajadores acceden cada vez con salarios más elevados al paro, lo que se traduce en prestaciones más generosas, al tiempo que también hay una cifra indeterminada de fijos discontinuos inactivos que perciben la prestación sin figurar como desempleados.
No obstante, en paralelo, los registros del SEPE dan cuenta de una reducción de los ingresos que proceden de la cuota por desempleo. El organismo reunió casi 20.000 euros menos que en el mismo plazo de 2024, en cambio, incrementó los gastos en 295.634,2 euros para el conjunto de gasto en prestaciones. Entre los expertos, existe el debate de si el subsidio de paro de los trabajadores eventuales del campo de Extremadura y Andalucía (SEASS), sus cuotas y la Renta Activa de Inserción (RAI) se tienen que cubrir con estos ingresos o vía impuestos. Por ello, este periódico también realizó el balance de ingresos y gastos excluyendo estas partidas que deja un resultado negativo de -16.027 euros para febrero.
Al margen de esta disputa, los datos ponen de relieve que el sistema ha alcanzado su punto de mayor tensión desde finales del año 2021, pese a estar lejos de los niveles de ese periodo, cuando el agujero era de más de tres millones de euros. Y el incremento viene dado, fundamentalmente, por las prestaciones de carácter contributivo y las cuotas a la Seguridad Social que cubre el sistema público mientras están sin empleo. Es decir, el aumento no viene dado (o no en su mayor parte) por la reforma aprobada en mayo del año pasado, que ampliaba los grupos que podían recibir la ayuda del subsidio tras agotar el paro o si no tenían derecho a este.
El presupuesto refleja que en el último mes se destinaron 2.154.148 euros a cubrir el paro contributivo, un 9,95% más que en febrero de 2024 y otros 847.177,18 a abonar las cuotas de estos desempleados, un 10,5% más de lo aportado solo un año antes, para un número inferior de beneficiarios. Los incrementos son menos pronunciados, por el contrario, en lo que se refiere al subsidio por desempleo. El gasto en estas nóminas creció un 4,3% hasta superar los 796.390 euros, mientras el monto destinado a cubrir sus cuotas a la Seguridad Social se elevó otro 3,9% y supuso 357.046 euros.
Técnicamente las prestaciones por desempleo no representan el total ni de los ingresos ni de los gastos del organismo dependente del ministerio que encabeza Yolanda Díaz. No obstante, son la partida más importante como ponen de relieve estos datos. El SEPE tiene un presupuesto total 27,7 millones de euros para este año, de los que 20,9 millones están destinados a cubrir las prestaciones a desempleados, ya tengan carácter contributivo o no. La parte restante se destinará al cese de actividad (el paro de los autónomos), las labores de orientación profesional, de igualdad de oportunidades, al fomento del emprendimiento, la modernización de los servicios público s de empleo, a abonar las cuotas de los organismos internacionales, los contratos del Estado y a cubrir los costes de personal o los gastos financieros.
Al poner el foco en los ingresos, el peso de las cuota por desempleo es aún más evidente. El organismo de empleo público espera que estas aporten 25,7 millones de los 27,2 millones que espera reunir a final de año y a finales de febrero había recabado un 16,06% de esa cuantía. Esto significa que el impacto de las cuotas de formación profesional (1,4 millones) o de protección por cese de actividad (2.000 euros) es totalmente residual, al igual que el volumen de los ingresos que llegan de otros conceptos, entre los que solo destacan los fondos europeos destinados a los programas cofinanciados con el Fondo Social Europeo (200.000 euros) y lo obtenido con los reintegros de años anteriores.
En los últimos años, la OCDE ha advertido de la "generosidad" de las prestaciones por desempleo, dada su duración de hasta dos años a los que puede sumarse la percepción del subsidio, y por el porcentaje del último sueldo que cubren estas ayudas, que se reducen más despacio que en otros países del entorno europeo. El Gobierno elevó al 70% de la base reguladora (los salarios del último medio año) la prestación que perciben durante los primeros seis meses sin empleo, porcentaje que después pasa al 60% frente al 50% que había establecido en 2012.
La reforma del subsidio, por su parte, amplió la cuantía que perciben durante el primer semestre a 570 euros al mes, tras lo que pasan a ingresar 540 euros durante los seis meses siguientes para recibir 480 euros en los meses restantes hasta agotar la ayuda asistencial. Esta norma buscó paliar parte de los problemas señalado al favorecer la compatibilidad con un empleo, pero ahondó en la "generosidad", lo que llevó a un choque con Economía.