Madrid
El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en tramitación, plantea una serie de modificaciones que ponen en grave peligro el empleo de miles de personas con discapacidad en España. Con una afectación directa sobre los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, es razonable temer que esta reforma no solo excluye a estos centros del reconocimiento como entidades de la Economía Social, sino que despoja a más de 60.000 trabajadores con discapacidad de un empleo digno y estable. Los CEE han demostrado ser un pilar fundamental en la inserción laboral de las personas con discapacidad. En 2023, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), estos centros dieron trabajo a casi 130.000 personas, de las cuales más de 111.000 eran trabajadores con discapacidad. De ellos, el 57,62% prestaba servicios en CEE de iniciativa empresarial. La nueva legislación pretende marginar a estos últimos, negándoles su papel en la Economía Social.
Un modelo de éxito en riesgo
Desde su creación, los CEE han permitido que miles de personas con discapacidad accedan al mercado laboral, impulsando su autonomía y contribuyendo al bienestar social. Sin embargo, el reciente debate sobre la nueva legislación a aprobar evidencia una doble discriminación histórica. Con la aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se estableció una diferenciación jurídica que favorece a los CEE de iniciativa social, y en 2019 se consolidó con la implantación de una doble tabla salarial, obligando a que los trabajadores de CEE de iniciativa social perciban salarios inferiores por el mismo trabajo, mientras se crea una carga de costes mayor a los centros de iniciativa empresarial. Estas decisiones han generado un precedente de exclusión en el que ahora se profundizaría con el nuevo proyecto.
En este sentido, esta iniciativa del Gobierno también ignora la especial composición de las plantillas de los CEE de iniciativa empresarial y su aportación al empleo protegido. Para más inri, la reforma ha sido diseñada sin consultar a CONACEE, la principal patronal del sector, dejando sin voz a la mayoría de estos centros en el proceso legislativo.
Impacto negativo de la reforma
De implementarse en los términos actuales, tememos que la reforma suponga la exclusión de miles de trabajadores con discapacidad del mercado laboral y mantenemos que muchos centros especiales de empleo de iniciativa empresarial se verán obligados a cerrar, con el peligro de dejar sin empleo a más de 60.000 personas con discapacidad.
En paralelo, mantenemos que se produciría un aumento del gasto público en prestaciones y ayudas, ya que, si estos trabajadores pierden su empleo, el Estado deberá asumir mayores costes en subsidios y ayudas sociales, lo que representa una inversión muy superior al actual sistema de apoyo a los CEE.
Pero más allá de lo meramente económico, la aplicación de la normativa incidiría en una discriminación injustificada, permitiendo que cooperativas y cofradías mantengan su estatus dentro de la Economía Social mientras que se profundiza en la marginación de los CEE de iniciativa empresarial, a pesar de su función social demostrada, así como su evidente modelo efectivo y económicamente sostenible.
En esa línea, otro efecto preocupante es la generación de competencia desleal. Actualmente, los CEE de iniciativa social ya cuentan con una posición ventajosa en materia de contratación pública y en materia salarial. Con esta reforma, no sólo seguirán manteniéndola, sino que la ampliarán. Y aunque desde el Gobierno se insiste en que este Proyecto de Ley no conlleva consecuencias perjudiciales para los centros de iniciativa empresarial, sí tememos que, de facto y por los motivos expuestos, su expulsión de la llamada Economía Social suponga mayores cargas y peores condiciones para los centros de esa naturaleza.
Un llamado a la rectificación
El empleo protegido ha sido diseñado para ofrecer oportunidades reales a las personas con discapacidad, diferenciándose claramente de las empresas ordinarias. No podemos permitir que esta reforma desmantele un modelo que ha demostrado su eficacia durante décadas.
Desde CONACEE exigimos la modificación del Proyecto de Ley para garantizar la continuidad de todos los CEE en la Economía Social porque su implementación en los términos actuales implicaría que no tuviéramos las mismas reglas del juego que los CEE de iniciativa social. Es imperativo que el Gobierno y el legislador escuchen a los principales afectados y adopten una normativa que realmente proteja y fomente el empleo de las personas con discapacidad.
No se trata solo de una cuestión jurídica o económica, sino de un compromiso social. No dejemos que una reforma cuyo diseño puede mejorarse condene a la exclusión a miles de trabajadores que hoy encuentran en los CEE una oportunidad de desarrollo y dignidad laboral.
