Uno de los principales y más importantes retos del mercado inmobiliario español es el acceso a la vivienda por parte de los más jóvenes. Solo el 14,9% de las personas entre 16 y 29 años en España, es decir, solo 1,5 de cada 10, están emancipadas según el Observatorio de Emancipación del primer semestre de 2021, elaborado por el Consejo de la Juventud de España. Esto supone 2,4 puntos menos que en el mismo semestre del año anterior, siendo esta la cifra más baja desde el año 1998.
El Gobierno, consciente de este problema social, ha tomado cartas en el asunto aprobando recientemente en el Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Este bono consta del derecho a recibir una ayuda de 250 euros al mes durante dos años. Una medida, en cierto modo controvertida, que ha suscitado diversidad de opiniones entre colectivos de jóvenes, sindicatos y voces del sector inmobiliario por su alcance y su capacidad de solucionar esta problemática.
El bono de alquiler joven conlleva ciertos requisitos. De inicio solo pueden tener acceso a esta ayuda los jóvenes de hasta 35 años, que sean ciudadanos españoles, europeos o de terceros países con residencia legal en España y cuyos ingresos no sean superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir 24.318 euros.
Pero cabe destacar que el aspecto que más reservas ha despertado es el límite fijado del máximo de renta destinado a la vivienda arrendada ya que este es de 600 euros al mes, o en su defecto de 300 euros al mes en el caso de los alquileres habitacionales. Un precio muy alejado a la realidad de la situación del mercado del alquiler, sobre todo en los polos de población que más jóvenes atraen, como las grandes capitales del país.
Este paquete de ayudas, que suma 200 millones de euros, podrá beneficiar hasta 70.000 jóvenes
En este punto, y ante la casi nula solución que ofrecería a la juventud asentada en ciudades como Madrid o Barcelona, el Gobierno contempla un tope que podrá elevarse hasta los 900 euros en el caso de las viviendas o de hasta los 450 euros en el alquiler de habitaciones si así lo establece la Comisión de seguimiento formada por #el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma correspondiente. De nuevo, una respuesta que deja desprovistos de ayuda a muchos jóvenes radicados en viviendas con un precio más elevado, algo muy habitual en nuestras capitales. Según cálculos del Ejecutivo, este paquete de ayudas que suma 200 millones de euros se espera que pueda beneficiar hasta 70.000 jóvenes.
Sin embargo, esta solución tiene más tintes de ser coyuntural que realmente constitutiva. No hace falta echar la vista muy atrás para recordar la Renta Básica de Emancipación, el cheque-vivienda que se implantó en septiembre de 2007 por parte del Gobierno de Zapatero.
A mi parecer, la aparición de este tipo de iniciativas a propuesta del Gobierno nos sitúa en el buen camino hacia una solución real. Pero podemos ver consecuencias en el mercado que lejos de ayudar acrecienten el problema. No sería raro ver cómo los precios del alquiler suban viendo que la demanda tenga un mayor poder adquisitivo y con ello suba también el esfuerzo general al acceso de una vivienda.
Al final estamos frente a un reto que nos pide una solución estructural. La sociedad necesita un mayor parque de vivienda en alquiler, dado que no les es posible acceder al mercado de compraventa. Por ello la Administración Pública ha de promover soluciones conjuntas con la empresa privada que se ajusten a la realidad actual. Al final, la Administración tiene el deber de ofrecer el acceso a la vivienda a toda la población y cuenta con suelo para poder dedicarlo a este fin, y las empresas podemos ofrecer nuestro conocimiento, los proyectos adaptados a cada necesidad, el expertise y las herramientas para ello.
La puesta en el mercado de más viviendas de alquiler, de más viviendas asequibles para los jóvenes y en general para todos aquellos con menor poder adquisitivo ha de ser una prioridad para todos. La solución, en mi opinión, solo pasa por incrementar la oferta y poder así destensionar zonas con precios elevados o prohibitivos para estos colectivos.
No me cabe duda de que todos caminamos hacia el mismo destino: queremos una sociedad que tenga sus necesidades más básicas cubiertas, y por ello debemos colaborar hacia este mismo objetivo. Sin embargo, un mercado hiper regulado, como el que se vislumbra por ejemplo en el Anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que entre otras medidas contempla el mecanismo de regulación del precio de los alquileres, parece estar lejos del remedio ya que ahuyenta a los inversores dado que estos prefieren un mercado más libre y que les ofrezca garantías y seguridad jurídica para poder acometer sus inversiones. Y estas figuras son fundamentales para el avance en la solución.
Finalmente, tras meses de negociación, el Consejo de Ministros acaba de validar el proyecto y pretende acelerar su tramitación parlamentaria por el trámite de urgencia. Se inicia así un nuevo proceso de negociación para lograr el beneplácito del Congreso y del Senado y que el proyecto posteriormente se convierta en norma, una fase que se prevé larga y dura por el descontento con muchos de los puntos que describe. Por lo que se entiende que su aplicación real se prolongue mucho en el tiempo, asumiendo que aún las competencias corresponden a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En nuestra mano, la de los principales actores del sector inmobiliario, y de la Administración Pública está encontrar el remedio estructural y salvar de soluciones puntuales a esta problemática social que atraviesa nuestro país.
