El Gobierno ha decidido reducir del 10% al 5% la rebaja que los caseros deberán aplicar en el precio de los alquileres para obtener la bonificación en el IRPF del 90% del rendimiento neto, la máxima que prevé el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
La razón del cambio, que han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), es que con el 10% de bajada de precios podía no compensar la bonificación a un buen número de arrendadores y, por tanto, no resultaría efectivo como mecanismo de contención de rentas.
El anteproyecto de ley de vivienda, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes, establece para los nuevos contratos una desgravación general del 50%, modulable en función de diversos criterios hasta el 90%.
El pasado 5 de octubre, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, avanzaba tras la reunión del Consejo de Ministros algunas de las medidas de la futura ley de vivienda acordada por los socios de Gobierno.
Entre ellas, Bolaños destacaba esta bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior, y confirmó que para los grandes tenedores (con más de 10 viviendas alquiladas) habrá medidas para controlar los precios en las zonas tensionadas.
Bolaños, que también confirmó que habrá un recargo en el IBI para las viviendas vacías, aseguró, no obstante, que la nueva norma tendrá en cuenta "las distintas competencias existentes en la materia", tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas.
En concreto, la normativa prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.
Del mismo modo, se considerará grandes propietarios a aquellos que tengan diez inmuebles o más. Fuentes del Gobierno indicaron que el control de precios a grandes propietarios solo se aplicará a personas jurídicas, no así a personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.
La nueva ley de vivienda también contempla destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.
