Vivienda - Inmobiliario

La Generalitat impulsará una ley de alquileres de temporada para evitar burlas en el límite de precios

  • Prevé un uso urbanístico especifico para las viviendas de uso turístico
La consejera de Territorio, Ester Capella, en el Parlament. EE

El gobierno catalán impulsará una ley para regular los contratos de alquiler de temporada para evitar que los propietarios utilicen esta modalidad de arrendamiento para "burlar la limitación de precios" que se establecerá al amparo de la nueva ley estatal de vivienda, según ha anunciado la consejera del ramo, Ester Capella.

Igualmente, saldrá adelante "una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico", ha agregado la consejera de Territorio en una comparecencia en el Parlament de Cataluña.

El objetivo con estas acciones es "hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar el uso social de la vivienda", especialmente en municipios "en los que el uso turístico produce tensiones de precios y no garantiza una dotación suficiente de vivienda de alquiler para satisfacer las necesidades de la población residente", ha explicado Capella.

La consejera ha mostrado su voluntad de consenso a la hora de elaborar las nuevas normativas, si bien algunas líneas de trabajo que contempla el Govern son que se definirá un uso urbanístico específico para las viviendas de uso turístico, que estará sujeto a licencia urbanística municipal como todos los usos del suelo.

Así, se establecerán los requisitos que los planes generales deberán regular para que éste sea posible, y las circunstancias en las que la ley dirá que no pueden ser autorizados. Estas limitaciones urbanísticas estarán vinculadas a priorizar el uso residencial permanente para familias.

Respecto a los alquileres de temporada, actualmente están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como a través de normativas municipales, y ahora se sumaría una nueva ley catalana.

"Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y de consumo, y tiene competencias para el desarrollo del derecho civil propio", ha recordado la consejera.

Por eso, el Departamento de Territorio impulsará las nuevas regulaciones de la mano de los departamentos de Justicia y de Empresa y Trabajo, y complementarán los trámites que ya tiene en marcha para desplegar en Cataluña la Ley estatal por el derecho a la vivienda, que ampara la contención de los precios del alquiler.

Cataluña ya aprobó en 2020 una ley en este sentido, pero fue anulada por el Tribunal Constitucional y recientemente el gobierno español ha aprobado un nuevo texto legislativo para todo el país.

Para limitar los alquileres, las comunidades deben delimitar los municipios que se declararán zonas de mercado residencial tensionado. El Departamento de Territorio tiene a información pública el listado de 140 municipios que cumplen los requisitos que marca la ley y donde vive el 80,6% de la población de Cataluña.

Una vez finalizada la información pública, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será finalmente quien la apruebe.

"De nuevo, somos los primeros en iniciar los trámites para delimitar los municipios donde se aplicará la limitación de las rentas del alquiler", ha puesto en valor Capella.

Índice de referencia propio

También según la ley estatal, además, cuando el piso sea propiedad de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio de alquiler.

Cataluña ya dispone de un índice propio, que está actualizado, plenamente vigente y que se utilizó para implementar la regulación de los alquileres que ya preveía la ley catalana. Por ello, el Govern ya ha pedido al Ministerio la homologación del índice catalán. "El derecho a especular no existe, el derecho al acceso a la vivienda, sí", ha recordado la consejera, que ha defendido "actuar para sacar la vivienda de la lógica del mercado".

Precisamente para facilitar el acceso a una vivienda asequible, Capella ha recordado el Plan Impulso 10.000 del Departamento, que "prevé varios mecanismos para incrementar el número de viviendas de alquiler social, con una cifra inicial de 10.000 pisos incorporados en 2026".

Aparte de facilitar el acceso a una vivienda, Capella ha añadido que la Generalitat continuará con las ayudas y los instrumentos para evitar su pérdida por impago.

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