Madrid
A partir del 1 de julio, dejará de estar operativa la prórroga de las medidas anticrisis adoptadas para paliar los efectos de la Guerra en Ucrania. Entre las mismas se encuentra una disposición que permitía mantener las condiciones en los precios del alquiler adoptadas en 2022, y que estaba pensada para funcionar desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023.
Por tanto, con el comienzo del mes de julio los propietarios podrán subir el precio de los alquileres. Y el hecho de que caduque el plazo se debe a que la Ministra de Economía, Nadia Calviño, entiende que la recién estrenada Ley de Vivienda establece topes máximos al alquiler para 2023 y 2024.
Esta decisión de Calviño ha causado malestar en otros Ministerios del actual Gobierno de coalición. Para la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se trata de un "error garrafal", pues para ella se trataba de una medida de protección "clave". Igualmente disconforme mostraba Alejandra Jacinto, actual portavoz de Vivienda en Sumar: "No hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al 'rentismo'".
¿Qué cambios se van a producir?
Como ya se dijo, desde el próximo sábado 1 de julio los arrendadores ya tendrán permitido cambiar las condiciones para aquellos contratos de alquiler a punto de expirar. Esto, sin embargo, no implica que tengan plena libertad para incrementar los precios. La nueva normativa aprobada en mayo establece unas directrices que limitan las subidas al 2% para 2023, y al 3% para el próximo 2024.
Como excepción se encuentran los casos en los que las propiedades se rehabilitasen en los 2 años anteriores, siempre y cuando las obras cumplan con unas condiciones de eficiencia energética y mejora de accesibilidad específicas. Pero la Ley de Vivienda también habla de una serie de colectivos vulnerables, que se podrán beneficiar de la prórroga de los contratos de alquiler.
Finalmente, varios expertos inmobiliarios advierten de las consecuencias por los efectos del decreto anticrisis y la posterior Ley. Y es que los propietarios de inmuebles en alquiler como vivienda habitual se han pasado hacia otras modalidades, escapando de estas penalizaciones.
