La ley de la vivienda, en los términos en los que está planteada, tiene los días contados si el PP llega a la Moncloa. El vicesecretario del partido, Juan Bravo, abogó este martes por poner fin a la protección de la okupación, aseguró que limitar el precio al alquiler "solo trae cosas malas" y avanzó algunas recetas para solucionar el problema como movilizar suelo público, dar avales a los jóvenes que les permita acceder a préstamos e, incluso, introducir en el análisis la fiscalidad.
Durante su intervención en las "III Gran Jornada Inmobiliaria: La fortaleza del sector ante el cambio de ciclo" organizada por elEconomista.es, expuso la "necesidad" de alcanzar "un gran pacto de Estado para la vivienda" porque requiere de la involucración de todas las administraciones -General del Estado, comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos- y, especialmente, es preciso "escuchar al sector privado, que es el que tiene la gran potencia para desarrollar este sector, dotarlo de las necesidades y dar respuesta a los ciudadanos".
En el mercado expuso que hay una "alta demanda" con la que "no somos capaces de cumplir", por falta de inmuebles libres y escasas viviendas de protección oficial. "Esa tensión deriva en precio y en dificultad de acceso", resumió, indicando con datos de Fotocasa que el precio del alquiler ha subido un 51,4% y las hipotecas "son las más caras en seis años".
Para paliarlo el Gobierno ha aprobado una ley de vivienda con la que aseguró que en el PP "no estamos de acuerdo", sobre todo, por el control de precios y la "sobreprotección que se ha dado al okupa cuando entendemos que lo que habría que proteger es al propietario de la vivienda".
Si bien reconoció que "esto no se soluciona en cuatro años" ni tiene remedio "fácil", avanzó que "la primera solución, es si hay poca oferta y los precios están altos, sería aumentarla". Para ello abogó por "la eliminación de duplicidades con esa simplificación en el ámbito de la Administración" y "el análisis de la fiscalidad, como han dicho, genera enormes recursos, hasta el 25%, como ustedes planteaban", expuso en respuesta al análisis realizado por los expertos en el mismo foro poco antes.
Apostó por avanzar en la "declaración responsable de la tramitación urbanística, sin detrimento de la posterior comprobación de la Administración, pero como un instrumento para agilizar también el uso de esa colaboración público privada". Y a título de ejemplo deslizó fórmulas como las utilizadas en Portugal y en algunos territorios de España donde, "en ese equilibrio entre la Administración y el administrado, se establece que, si se resuelve fuera de plazo, incluso se tengan que abonar intereses de demora por parte de la administración sobre el volumen total del proyecto". A su juicio, esto "traslada una presión importante a las administraciones para resolver en plazo".
Dentro de la colaboración pública privada estimó necesario además "intentar" movilizar también suelo de titularidad pública como apuntó que ha hecho Madrid, "que tiene más de 6.000 viviendas en marcha", movilizando terrenos "que no cumplían su fin" y "sin comprometer un solo euro del presupuesto".
Avales para jóvenes
Consideró vital ayudar además a los jóvenes para que no tenga que seguir buscando el auxilio y los ahorros de sus padres con un aval del 15-20% de la financiación solicitada para cubrir el ahorro exigido por los bancos para darles hipotecas. "Madrid lo está haciendo, Castilla y León lo está haciendo Galicia también, Murcia también, Andalucía también y están siendo ejemplos de éxito al facilitar el acceso a la vivienda", indicó.
En cuanto a los principales problemas que, en opinión del PP, plantea la ley de la vivienda del Gobierno aseguró que el límite a las rentas ha provocado el efecto contrario al deseado, con subidas, en aquellas jurisdicciones que la han aplicado como Nueva York, Oregón, Venecia, Berlín, Barcelona o Suecia.
"En Suecia, donde esta regulación también se aplicó, ahora vemos como existen colas desde hace años y pagos en negro para adelantarse en la cola y moverse dentro de la cola. Con lo cual, si esa es una de las medidas, se queda en un solo titular: que lo único que trae ha traído o va a traer son cosas malas para el conjunto de los españoles y para aquellas personas que de alguna manera quieren acceder", censuró.
En alusión a la "sobreprotección" que, según afirmó, realiza la normativa sobre los "okupas" inquirió: "Nosotros nos preguntamos ¿y quién se preocupa de la auténtica víctima de la 'okupación', que es el propietario de la vivienda? ¿Quién está pensando en esa persona que era el complemento a su pensión y en algunos casos tiene que seguir abonando, lógicamente, la luz de esa vivienda 'okupada' con las enormes dificultades a lo mejor que tiene para pagar su propia luz de su casa".
Para el PP el sistema tiene que ser "justo lo contrario", y proteger a los propietarios, al tiempo que se dan respuesta a aquellas familias donde la situación económica se haya complicado desde el sector público porque "es responsabilidad de la administración pública".
A su juicio, las medidas contenidas en la ley de la vivienda "lo que hacen es agravar aún más el problema" y toca "eliminar" aquellas que reduzcan la oferta, "incentivar" las que ayuden a aumentarla y "establecer elementos que doten de seguridad jurídica al mercado".
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