Infraestructuras y Servicios

Las constructoras exigen "flexibilizar" plazos con los proyectos NextGeneration y movilizar suelo

  • Denuncia que la Administración realizó obras con medios propios por 4.000 millones, en detrimento del sector
  • Pide "ajustes" en la ley de vivienda para no expulsar a los colectivos vulnerables del alquiler
  • La patronal reclama retomar el sistema de revisión de precios en licitaciones públicas

La construcción demanda "ajustes" para colocar de nuevo al sector en la situación "pujante" que debería y "cumplir con los compromisos del plan de recuperación". Sus reclamaciones van desde "flexibilizar" los plazos en los proyectos que se ejecutarán con apoyo de los fondos europeos NextGeneration, a restablecer el sistema de revisión de precios o movilizar suelos para atajar el verdadero problema de la vivienda en España.

Las formuló el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, durante la 'III Gran Jornada Inmobiliaria: La fortaleza del sector ante el cambio de ciclo', organizada por elEconomista.es, donde reivindicó que se trata de la industria que "más riqueza crea" de manera inmediata e inducida.

Según expuso, genera más de 30.000 empleos al año y excede los 1,4 millones de trabajadores en total, aunque antes de la crisis de 2007 llegó a dar empleo a 2,7 millones de personas. "No solo creamos empleo, sino que creamos empleo estable", reivindicó, apuntando que el convenio colectivo garantiza además un salario, al menos, un 40% superior al salario mínimo interprofesional.

Sin embargo denunció que hay numerosos problemas que urge atajar y que dejó como solicitud al Gobierno que salga de la urnas. En primer lugar reclamó fijar "unos plazos más flexibles" en la ejecución de los proyectos que se promuevan con recurso a los 160.000 millones que llegarán de Europa porque "si todo tiene que estar comprometido en el año 2024 y ejecutado en el 2026, ya no llegamos a tiempo".

A título de ejemplo expuso que las 183.000 viviendas nuevas anunciadas por el Gobierno, "el sector las puede construir fácilmente", pero habrá que hacer un estudio para su puesta en marcha, licitar los procesos, adjudicar y ejecutar trabajos que consumen un mínimo de 24 a 36 meses, "con lo cual no llegamos".

Debido, precisamente, a dicho plazos denunció que se está produciendo un acusado recurso por parte de las administraciones públicas al uso de medios propios para ejecutar en tiempo las obras, en grave perjuicio para el sector y, sobre todo, para las pymes. La situación, que exigió "limitar", ha provocado que se haya pasado de 1.880 proyectos desarrollados con medios propios en 2021, con un presupuesto de 1.800 millones, a 3.200 un año después, que supusieron 4.000 millones. 

Fernández Alén señaló que se trata de un procedimiento "perfectamente legal", pero al que están recurriendo "de forma más habitual" porque el órgano de contratación realiza este encargo en vez de seguir el trámite marcado por la Ley de Contratos, con el consiguiente "daño para el tejido productivo, especialmente formado por pymes".

Además criticó que a fecha actual "no tenemos datos de cómo se están ejecutando los fondos europeos y esto es algo preocupante". "Cuando nos ponemos a sumar las cifras que se van dando en los diferentes foros, los números no salen", denunció, recordando que detrás de esos números hay proyectos tan diversos como para depuración de aguas, de economía circular o para el 5G, rehabilitación o regeneración urbana o ferrocarril.

"No sabemos ni cuánto se están gastando ni dónde se están quedando", reiteró, lamentando que "no hay ningún Perte específico del sector de la construcción, pero la práctica, el 70% de los fondos van a pasar directa o indirectamente por el sector". Para abordar este problema exigió "optimizar esfuerzos, unificar criterios y reducir cargas administrativas".

Inflación y retrasos en la entrega

La inflación y los retrasos en la entrega de los materiales son los dos principales problemas que detectó en el sector por culpa de la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania. Para encararlos, incidió en esa flexibilidad en los plazos de los trabajos y reclamó retomar el "sistema de revisión de precios" extraordinario que "ha decaído".

"Y ahora mismo ese sistema de revisión de precios te hacía una revisión de los precios de hasta un 20% si se habían incrementado los precios de manera sensible. Pues bien, en el Mitma (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) se ha visto que, en la media de las obras que se están ejecutando, ahora llevan una desviación de precios del 32%, con lo cual ese sistema debería revisarse", abundó.

"No es nada descabellado el pedir que el sistema de revisión de precios que desde el año 1965 hasta el año 2015 vino funcionando sin ningún problema, se vuelva a retomar. Fue lesionado, minorado, dañado por la ley de desindexación de la economía española", agregó.

"Creemos que el aplicar esa ley de desindexación a la contratación pública es un error, por algo muy simple y que está lleno de sentido común: Se tiene que pagar lo que las cosas cuestan", abundó, deslizando que cuando el plazo de ejecución de un proyecto es de 36 meses o más no se puede pedir al empresario asumir "una desviación tan sensible de precio como las que han sufrido el betún asfáltico, el aluminio o el cobre". 

Ley de vivienda

Sobre la nueva Ley de la vivienda, valoró como positivo aspectos como que favorezca la colaboración público-privada en el suelo de la administración pública, pero criticó la inestabilidad que provoca que, al no haberse consensuado, haya ya partidos políticos decididos a derogarla y reclamó "ajustes" porque no entra en el fondo del problema.

"El problema realmente se soluciona incrementando la oferta de suelo y de vivienda y la ley no lo ataja directamente", indicó. Lamentó que tampoco da "la suficiente certeza" a los planeamientos urbanísticos, con el riesgo de que se paralicen o, "incluso, se retrotraigan actuaciones perdiendo muchísimo plazo de ejecución".

Fernández Alén afeó que no reduzca los plazos desde que se moviliza el suelo hasta que se realiza la promoción porque, con el actual escenario de tipos de interés, "el precio se va encareciendo excesivamente", demandó reducir las declaraciones responsables por parte de los empresarios y atajar la 'okupación'. "Si sigues teniendo un problema importante en la ocupación, en poder desalojar a quien indebidamente ha ocupado una vivienda, sigue siendo algo que ralentiza el mercado, sobre todo el mercado de vivienda", manifestó. 

Avisó además de que limitar los precios supone "una intervención del mercado" que ahuyentará a los inversores, sean particulares o un fondo de inversión, y avisó de que la "hiperprotección" dada a "alguna franja de clientes" en el tema del alquiler podría acabar "expulsando a esta a esta franja del mercado". "Al final se te puede convertir en un riesgo para alguien que tenga el alquiler como su forma de negocio", alertó.

Pidió certeza fiscal, reclamando un IVA reducido para la construcción, y advirtió de que faltan más de 900.000 trabajadores adicionales en la construcción para desarrollar las 183.000 viviendas prometidas por el Gobierno, adicionales a la carestía de mano de obra que ya acusa. 

El presidente de la CNC denunció el alto volumen de obras que quedan desiertas de manera recurrente al licitarse con presupuestos irreales o "desfasados", un problema que se paliaría con la revisión de precios. Según detalló, en el primer trimestre de 2022 se quedaron 388 obras desiertas por un importe e 230 millones, y un año después, en el primer trimestre de 2023, han sido 318 proyectos, con 190 millones presupuestados.  

Atraer a jóvenes y mujeres

Ligado con lo anterior lamentó una "grave" falta de mano de obra, sobre todo "cualificada y joven", y en un sector que según dijo adolece del envejecimiento de las plantillas. Para encarar el desafío la patronal ha solicitado un plan de choque para poder incorporar al sector de la construcción a jóvenes, que acusan una tasa de paro del 30%; mujeres, que apenas suponen un 11,1% del empleo en el sector e, incluso, inmigrantes.

"Se estima por parte del Ministerio de Seguridad Social que hay de 300.000 a 600.000 inmigrantes irregulares en España. Creemos que tendiéndoles la mano, dándoles la formación adecuada, podrían pasar de una economía irregular a una economía regular y se acabaría con la economía sumergida", resumió. 

Puede ver la jornada completa aquí:

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