La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha adjudicado a M&P Ledesma y Asociados el contrato para ejecuciones hipotecarias y otro tipo deudas que había licitado por un valor máximo de 4,8 millones de euros. La firma se ha alzado con los dos lotes de servicios licitados, donde las ofertas han oscilado entre 2,31 millones y 2,38 millones en términos globales, conforme detalla el portal de contratación del Estado.
El presupuesto base de licitación era de 3,09 millones, aunque se eleva hasta los 4,88 millones al incluir las prórrogas de 12 meses que se contemplan, con duración máxima al final de hasta el 28 de noviembre de 2027.
La pequeña estructura del banco malo -apenas 300 empleados- le ha obligado desde su fundación a apoyarse en especialistas para dar salida a los activos que debe enajenar antes de 2027, cuando está previsto estatutariamente su disolución societaria.
Siempre ha externalizado los servicios con 'servicers', bufetes, consultores, etc, pero ahora está obligada a licitar y publicitar los contratos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público desde que el Estado asumió la mayoría accionarial en 2022.
M&P Ledesma y Asociados le brindará apoyo jurídico y en la preparación documental de los procesos recuperatorios de deuda. Su soporte irá desde la preparación inicial a la situación de subasta, lo que exige disponer del servicio de letrados, procuradores, y otro tipo de profesionales y entidades especializadas, con el correspondiente conocimiento en ámbito jurídico e inmobiliario para facilitar la resolución de incidencias.
La Sareb cifra en un total de 1.389 los acreditados con posiciones susceptibles de reclamación judicial durante la vigencia del contrato, que se extenderá durante 24 meses, pero también deberán atender procedimientos atrasados. La cuantía económica que perciba la firma contratada dependerá del tiempo y recursos que consuman en cada proceso, ya que su resolución puede tener lugar en un estadio inicial o prolongarse en sede judicial.
A finales de 2022, la Sareb tenía 26.325 millones de euros en activos, entre los que se incluyen 67.000 inmuebles, de los 50.781 millones de euros que recibió en el momento de su constitución entre el año 2012 y 2013.
Dentro de ese proceso de contratación de servicio y con la revisión de su estrategia para agilizar las desinversiones o dar respuesta a las nuevas exigencias del Gobierno, ha resuelto muy diferentes licitaciones en los últimos meses. El año pasado adjudicó a Hipoges y a Anticipa-Aliseda de los servicios de gestión y comercialización de una cartera de inmuebles y préstamos por un valor cercano a los 25.300 millones; a PwC los dos contratos para definir la gestión que permitirá construir 10.000 viviendas de alquiler asequible; o más recientemente asignó a Deloitte la labor de asesor financiero para analizar la venta de Árqura Homes tras recibir ocho ofertas en licitación pública.
Entre los últimos procesos resueltos figura también el servicio de infraestructura, mantenimiento y evolución de sus sistemas tecnológicos a NTT Data Spain para dos años por un precio de adjudicación de 3,25 millones, IVA no incluido.
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