El Banco de España (BDE) ha publicado recientemente su Informe Anual 2022, donde, además de analizar temas como la debilitación de la actividad económica en España a causa del aumento de la inflación, la crisis energética o la tasa de empleo, también se refiere al impacto de la nueva Ley de Vivienda sobre el mercado inmobiliario, que ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados.
En concreto, dentro del punto referido al mercado de la vivienda de alquiler residencial, se indica en el documento que la futura Ley por el Derecho a la Vivienda "pone énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler", para lo que se plantea un aumento del alquiler social o mayores incentivos fiscales para las personas que alquilen viviendas con precios reducidos en zonas tensionadas.
Las medidas que pueden causar "efectos indeseados"
Sin embargo, el informe del Banco de España asegura que hay otras medidas incluidas en la ley con respecto al mercado de la vivienda que pueden generar "efectos indeseados a medio plazo", como es el caso de la normativa que limita la actualización de las rentas del alquiler.
De este modo, el BDE recoge que esta medida de limitación sí que es capaz de reducir los precios del alquiler a corto plazo en zonas reguladas, "esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler". Igualmente, se pone el foco en la posibilidad de que estas medidas también pueden tener consecuencias negativas en la segmentación en el mercado inmobiliario.
Teniendo en cuenta la reciente experiencia del mercado inmobiliario en Cataluña, el BDE cree que esto provocaría reducciones en los precios medios del alquiler a corto plazo y a ciertos cambios en la composición de la oferta, aunque esta valoración se ve afectada por el contexto de la pandemia.
Por tanto, se señala la importancia de evitar las medidas que distorsionen las señales de precios y, a su vez, promover la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y aprobar medidas fiscales que regulen la oferta de alquiler residencial en el sector privado, por ejemplo, aprobar incentivos fiscales a las personas jurídicas que mantengan una determinada cuantía de alquiler residencial a precios reducidos.
De todos modos, el comunicado concluye con la necesidad de esperar a que la nueva ley esté en vigor para poder analizar con rigor la capacidad de esta nueva norma para alcanzar de forma efectiva sus objetivos: "En particular, resulta necesario prestar atención a las señales de aparición de los efectos adversos mencionados, de manera que se adapte la normativa para evitar la materialización de estos riesgos", se matiza.
