Uber y Cabify han organizado mañana miércoles una huelga a la japonesa para responder al Real Decreto que aprobará esta semana el Gobierno con el objetivo de limitar su actividad, ofreciendo así transporte gratuito entre las diez de la mañana y las diez de la noche.
La mayor parte del coste no correrá a cargo, sin embargo, de estas dos empresas sino de las firmas propietarias de los coches y de los trabajadores autónomos.
Todos ellos están recibiendo un comunicado, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que se les pide financiar la jornada. Las empresas aseguran en el mismo que "sabemos que os puede suponer un esfuerzo extra no cobrar los servicios ese día, pero es necesario que todos pongamos nuestro grano de arena para defender nuestro futuro".
"Por ello es importante que todos podemos apoyar al sector y responder con un récord de disponibilidad, para que el mayor número de personas posible pueda conocer la VTC y a sus conductores y pueda comprender el alcance del problema y lo que hay en juego. Os animamos a uniros a este movimiento histórico", concluye el citado comunicado.
Unauto, la patronal de las VTC, convocante de esta huelga a la japonesa junto a Uber y Cabify, insiste sin embargo en que, a excepción de los trabajadores autónomos, "los conductores en ningún caso tendrán que asumir el coste de la movilización, ya que correrá a cargo de las empresas propietarias de las licencias". La patronal recuerda en esta línea que la mayoría de las firmas de VTC se está sumando a la jornada gratuita e insiste, igualmente, en que tanto Uber como Cabify también renunciarán al cobro de sus correspondientes comisiones.
El Gobierno va a dar un plazo de entre tres y cinco años a las comunidades autónomas, en el que van a tener que empezar a expedir licencias autonómicas y crear un marco normativo para su actividad, que luego se pueda desarrollar vía ordenanzas municipales.
Lo que pretende el ministro de Fomento, José Luis Ábalos Ábalos, es que el sector quede sujeto a normativas similares a las de los taxistas, ya que, según dijo, "están hiperregulados, mientras que las VTC disfrutan de una normativa muy laxa, que les da ventajas competitivas".
Paralelamente al surgimiento de flotas de VTC autonómicas, que vendrán a sustituir a las nacionales, Fomento se irá retirando de forma paulatina del ámbito urbano y se limitará a regular los tráficos nacionales (entre autonomías), tal y como sucede actualmente con las líneas de autobús.
