El Gobierno se retira de forma definitiva de la regulación de las licencias de VTC y fijará un plazo de varios años a las comunidades autónomas para que ordenen ellas este servicio.
Así lo trasladó ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a los representantes de los taxistas durante una reunión en la sede del ministerio.
"Se tendrá que fijar un plazo para que las CCAA regulen y las VTC se adapten antes de prohibir nada, pero todavía no hay nada concreto", explican fuentes del Ministerio. En este punto, otras fuentes llegaron a hablar de un plazo de entre tres y cinco años para taxificar a Uber y Cabify.
Los taxistas manifestaron su satisfacción a los medios a la salida de dicha reunión. El plan de Fomento pasaría por que las autonomías regulen las licencias de VTC en este plazo y después todos los coches de Uber y Cabify que actualmente tienen licencias nacionales se conviertan directamente en licencias autonómicas.
De esta manera, las licencias de VTC actuales se convertirán de facto en licencias de taxi. Posteriormente, se está estudiando la manera de inhabilitar a las licencias VTC nacionales para que no puedan hacer trayectos dentro de las ciudades. El Gobierno solo regulará por tanto los trayectos interurbanos. Está posibilidad la está estudiando la abogacía del estado.
La propuesta presentada ayer por el ministro Ábalos reconoce de manera implícita que no se pueden eliminar las 20.000 licencias de VTC y que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva por lo que recuperar el ratio 1/30 será muy difícil. Para Fomento tienen que ser las comunidades autónomas las que bajo su responsabilidad decidan mantener o reducir este ratio con su regulación.
Ábalos reconoció a los taxistas que en el próximo real decreto ley no se podrá fijar el ratio de una VTC por cada 30 taxis. En este punto, el ministro dejó claro que "no se indemnizará a los dueños de las licencias" aunque reconoció que puede haber problemas con Competencia y las Unión Europea por las futuras limitaciones.
Aún así, el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, manifestó a Efe a la salida de la reunión que "el miedo ha cambiado de bando". Según los portavoces del taxi, Fomentó les ratificó ayer los compromisos que adquirió con ellos este verano, encaminados a facilitar la regulación del sector, y que se plasmarán en un real decreto ley, que aprobará el Consejo de Ministros el 28 de septiembre.
La medida despierta un océano de dudas legales y abre la puerta a reclamaciones
De todas formas, la reforma de la ley de Transporte Terrestre (Lott) propuesta por el Gobierno despierta un océano de dudas legales y abre la puerta a reclamaciones millonarias a las Administraciones por parte del sector por la posible privación de derechos adquiridos y las limitaciones a la libre competencia. Las dueñas de las licencias que operan con Uber y Cabify ya se han puesto manos a la obra para advertir al Ejecutivo de la elevada factura que tendrá que pagar él mismo o las CCAA en el caso de que expropien o limiten su actividad.
La medida genera muchas dudas legales, ya que una autonomía no puede usurpar una competencia del Estado si éste no ha renunciado a ella (algo que solo se puede hacer por modificación de ley orgánica) y tampoco puede regular una autorización nacional, ya que es de rango superior. En este punto, las autonomías, que ya pueden crear VTC autonómicas y regularlas aunque esas normas no afectan a las nacionales, se han puesto de perfil a la hora de aceptar las competencias, porque aseguran que tendrán que pagar indemnizaciones muy altas y se tendrán que enfrentar a denuncias de la CNMC por limitar la competencia.
Así, los distintos gobiernos regionales, como la Generalitat de Catalunya, están pidiendo fondos y garantías al Ejecutivo central a cambio de las competencias. Por su parte, Madrid, que concentra el grueso de las VTC, no quiere las competencias. En ese caso, explican fuentes presentes en la reunión, si la CCAA no acepta regular las licencias estas seguirán regidas bajo la normativa estatal que les da total libertad para operar hasta que se fuerce su conversión en licencias autonómicas bajo esa normativa.
"Dejar en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de las VTC nacionales plantea muchos problemas jurídicos. Además, tratar de limitar su actividad supondría privar a los propietarios de derechos ya adquiridos y eso abriría la puerta a reclamaciones millonarias", explican fuentes legales.
