La reforma de la ley de Transporte Terrestre (Lott) con la que el Gobierno busca dejar en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) la regulación y limitación de las VTC despierta un océano de dudas legales y abre la puerta a reclamaciones millonarias a las Administraciones por parte del sector por la posible privación de derechos adquiridos y las limitaciones a la libre competencia.
Pese a los pocos detalles que hay sobre la nueva regulación, las dueñas de las licencias que operan con Uber y Cabify ya se han puesto manos a la obra para advertir al Ejecutivo de la elevada factura que tendrá que pagar él mismo o las CCAA en el caso de que expropien o limiten su actividad median la imposición de una segunda licencia local con menos rango.
Así, según un informe elaborado por la consultora de EY, expropiar cada autorización de VTC pasaría una factura de unos 215.700 euros como máximo, teniendo en cuenta el coste de las mismas (unos 36 euros en ventanilla) y el negocio que generan.
El importe está calculado según el método de descuento de flujo de caja. Según el mismo informe, el valor medio de mercado de una licencia de taxi es de 147.014 euros, cifra que la CNMC eleva hasta los 185.538 euros teniendo en cuenta sólo a los taxistas de las principales ciudades donde Uber, Cabify y el gremio compite directamente (Madrid, Barcelona y Málaga)
Teniendo en cuenta que en el medio plazo circularan unas 17.549 licencias en toda España, la factura total podría llegar a los 3.785 millones de euros, tal y como avanzó el diario El Mundo.
Un escenario que es muy complicado que se dé ya que no se van a exporpiar todas las licencias y en muchas CCAA se cumple el ratio y no operan ni Uber ni Cabify. En este sentido, la patronal de las VTC, Unauto, confirmó en un encuentro con la prensa que el sector ya se está preparando para abrir un frente judicial contra las diferentes Administraciones si la modificación de la Lott restringe la actividad de las autorizaciones de vehículo turismo con conductor en las ciudades e, incluso, llega a prohibir la entrada de muchas de ellas, tal y como pretendía el Ayuntamiento de Barcelona.
De momento, parece que la propuesta presentada por la Ciudad Condal a Fomento en julio, en la que pedía que los ayuntamientos crearan una licencia y regularan el sector, no va a ver la luz puesto que la Abogacía del Estado la ha tachado de ilegal. En este punto, Unauto solicitó en una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura que se optara por liberalizar el taxi en vez de regular (o taxificar) a las VTC.
"Dejar en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de las VTC nacionales plantea muchos problemas jurídicos".
El eje sobre el que pivota la propuesta que Fomento trasladó a las partes es la habilitación de las CCAA para que regulen la actividad de las VTC dentro de sus territorios. Una medida que genera muchas dudas legales ya que una autonomía no puede usurpar una competencia del Estado si este no ha renunciado a ella (algo que solo se puede hacer por modificación de ley orgánica) ni tampoco puede regular una autorización nacional ya que es de rango superior.
En este punto, las Autonomías, que ya pueden crear VTC autonómicas y regularlas aunque esas normas no afectan a las nacionales, se han puesto de perfil a la hora de aceptar las competencias porque aseguran que tendrán que pagar indemnizaciones muy altas y se tendrá que enfrentar a denuncias de la CNMC por limitar la competencia. Así, los distintos gobiernos regionales están pidiendo fondos y garantías al Ejecutivo central a cambio de las competencias. La factura que tendría que pagar cada CCAA es muy distinta.
Por ejemplo, según los cálculos de EY, sólo la Comunidad de Madrid, que prevé tener 7.500 licencias de VTC circulando por su territorio, tendría que pagar hasta 1.613 millones de euros en indeminizaciones al sector. Barcelona, la segunda ciudad con más licencias, tendría que asumir una factura de unos 888 millones.
"Dejar en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de las VTC nacionales plantea muchos problemas jurídicos. Además, tratar de limitar su actividad supondría privar a los propietarios de derechos ya adquiridos y eso abriría la puerta a reclamaciones millonarias", explican fuentes legales.
