A Moncloa se le acumula el trabajo con los expedientes del escudo antiopas y ahora se suma uno más, el de STC sobre Telefónica. Sobre la mesa, ya tienen el de Opdenergy y el de Celsa, últimos en llegar, y esperan que haga lo propio próximamente el de Applus+, a falta de autorizar por el regulador. Pero desde que este instrumento se instaurara con la llegada de la pandemia del Covid-19, han sido decenas de operaciones, más grandes o más pequeñas, las que han tenido que pasar por este trámite.
El caso más reciente es el de esta última compañía, la empresa industrial catalana Celsa. Esta misma semana, la Justicia daba la razón a los fondos acreedores y sus antiguos dueños, los Rubiralta, se encomendaban al escudo antiopas para impedir la ejecución de la sentencia. De hecho, solo unas horas después de que se hiciera pública esta idea, el Ministerio de Industria avisó de que el cambio de propietarios debe ser autorizado por el Ejecutivo en virtud de la ley antiopas, es decir, deberá tener el visto bueno del Consejo de Ministros para que la compañía pase a manos de Deutsche Bank, Attestor, SVP y Cross Ocean.
El caso de Opdenergy
El caso de Opdenergy también está sobre la mesa. El fondo Antin presentó una opa el pasado mes de junio a través del vehículo GCE BidCo por unos 866 millones de euros.
Por su parte, también está la de Applus+, compañía en la que el fondo estadounidense Apollo se adelantó a Apax para lanzar una operación que la valoró en más de 1.200 millones de euros, operación pendiente de autorizar por CNMV.
Ahora se suma a estas solicitudes de autorización las de la operación anunciada el pasado martes en la que la compañía de telecomunicaciones saudí, STC Group, se hace con hasta un 9,9% del capital de Telefónica.
Cambios en el 'escudo'
El pasado mes de julio se introdujeron, con fecha de entrada en vigor este mismo mes de septiembre, varios cambios en la normativa. Así, se suprimió la obligación de declaración para inversiones en valores negociables que no busquen influir en el control de una empresa y se modificaron los límites de las diferentes declaraciones estadísticas.
Del mismo modo, se incluyeron nuevos sectores estratégicos como el de la Inteligencia Artificial (IA) o los de los semiconductores, además de reducirse los plazos de resolución y respuesta, que pasan de los seis meses que existían antes del cambio, a los tres actuales en los que deberá decidirse por operaciones como la que ahora ocupa las portadas, STC y Telefónica.
