Especial Tecnología
En un mundo en el que estamos rodeados por la tecnología, los niños tienen su primer contacto con las pantallas y los dispositivos digitales cada vez más pronto. Por ello, no es de extrañar que, de media, a los 11 años tengan su primer teléfono móvil, según el último estudio de Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades, elaborado por Unicef. Además, este mismo informe destaca que el 94,8% de los jóvenes tiene un móvil con acceso a Internet.
Casi la mitad de estos pasa más de 5 horas al día delante de estos dispositivos durante el fin de semana y un 31,6% hace el mismo uso los días de diario, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un uso de dispositivos digitales de entre 1 o 2 horas para los menores de edad. Casi el 100% de los adolescentes está registrado a una red social y un 83,5% tiene cuenta en tres o más. Las nuevas generaciones ya no llegan con un pan debajo del brazo, sino con un teléfono móvil, una herramienta con acceso a multitud de plataformas, aplicaciones y a Internet, que puede ser tan beneficioso como peligroso si no se hace un buen uso de esta tecnología.
Ante esto, el Gobierno aprobó este verano el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales. El objetivo es de proteger los datos personales y el acceso a contenidos inapropiados para determinadas edades y promover el control parental. Además, esta normativa pretende salvaguardar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen dentro del ámbito digital. Si bien es cierto que en España ya se habían dado unos primeros pasos y, por ejemplo, en Cantabria se van a prohibir totalmente los teléfonos móviles en los centros educativos, no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto de manera seria.
La finalidad real de esta normativa es poner coto a los riesgos que trae consigo Internet, como son los contenidos inapropiados, el ciberacoso o simplemente generar una adición a las pantallas. Por ello, el igual que el tabaco o el alcohol están prohibidos para los menores de edad porque sus efectos en una edad temprana pueden ser todavía más devastadores, un sobreuso de la tecnología también puede tener consecuencias negativas para las generaciones más jóvenes. Esto ha hecho que las autoridades hayan comenzado a tratar de solventar esta problemática, con medidas como bloquear las redes sociales para los menores, regular su uso, imponer límites, además de concienciar a los progenitores, educadores y los propios menores de las consecuencias de la sobreexposición a las pantallas.
Asimismo, la normativa viene acompañada por la creación de una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que va más allá de la propia ley y contará con medidas de mayor alcance en ámbitos como el educativo y el de la salud. Esta estrategia estará liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia y se apoyará en el informe del grupo de 50 expertas y expertos conformado recientemente por este departamento.
Aunque es cierto que por ahora solo se trata de un anteproyecto —impulsado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que también han participado el Ministerio de Juventud e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública—todavía está expuesta a cambios, ya que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
En general,la ley contiene medidas para mejorar el conocimiento de los menores y de sus familias sobre los riesgos del entorno digital. De hecho, uno de los puntos de este anteproyecto es establecer un itinerario curricular en primaria y secundaria como parte de un plan de alfabetización digital que permita que los menores utilicen las nuevas tecnologías con autonomía y siendo conscientes de los riesgos. Para ello, también se plantea la posibilidad de un etiquetado de los contenidos digitales con advertencias si apto o no para los más jóvenes.
También se sancionará de forma adecuada la vulneración de derechos que puede producirse en ese entorno, como, por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA). Una nueva forma de ciberacoso denominada como deepfake, entendida como la difusión sin autorización de imágenes o audio generados por inteligencia artificial o cualquier otra tecnología en las que se "simulan situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias para una persona", dicta la norma. Esto es algo que ya se ha visto en España, cuando 15 menores de Almendralejo (Badajoz) usaron una aplicación de IA para difundir desnudos falsos de más de una veintena de chicas. Ahora, la ley de protección digital recoge penas de cárcel de hasta dos años para los que creen este tipo de documentos falsos y recoge la agravante de su distribución por Internet o redes sociales.
Asimismo, la normativa persigue imponer obligaciones a grandes operadores e influencers, para garantizar la información y los derechos de los menores. Además, estos tendrán que avisar de forma inequívoca, siempre que el contenido que están difundiendo sea potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, de nada sirven estas medidas si las empresas no ponen de su parte también. Por eso, el anteproyecto recoge la obligación de los fabricantes de dispositivos digitales a implementar un etiquetado informativo sobre los riesgos y un sistema de control parental. En lo que respecta a las plataformas de videojuego, la norma prohíbe, con carácter general, el acceso de las personas menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensa, que en muchas ocasiones implica el uso de dinero "real", y plataformas (loot boxes). Del mismo modo, la normativa plantea la obligación de que las plataformas de intercambio de vídeos establezcan enlaces a los canales de denuncias. "Que no sea una yincana buscar en la página web donde están los sistemas de control parental o los sistemas de denuncia", alegaba el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Otro de los puntos clave de este anteproyecto es la ordenación a todos los fabricantes de dispositivos de habilitar controles parentales gratuitos y accesibles en todos los dispositivos a los que pueda tener acceso un menor. La idea es que desde que se encienda el aparato por primera vez, ya se pueda aplicar este control para que puedan gestionar los parámetros de uso. Ante esto ya hay empresas como Qustodio que están trabajando para fomentar el control parental. "Nuestro objetivo es mejorar la experiencia en Internet y hacerlo más seguro para los menores. La ley tiene un buen fin, pero Gobierno y empresas tenemos que ver como implementar de una forma más óptima las herramientas", ha destacado la gerente de comunicación de Qustodio, Emily Lawrenson. Y ha añadido que "cualquier paso para proteger a los niños es bueno; sin embargo, hay que buscar ir un paso más allá y hay que asegurar que cualquier dispositivo que este en maños de un niño es apto para ellos y seguro".
El anteproyecto plantea que estos nuevos sistemas de verificación vayan más allá de una simple pregunta e implementar servicios "eficaces, efectivos y obligatorios", tal y como apuntaba Bolaños. Asimismo, la edad para prestar consentimiento pasará de los 14 a los 16 años.
Asimismo, una de las medidas más interesantes, es que se va a crear una especie de orden de alejamiento virtual, que, al igual que una orden de alejamiento al uso, impide que una persona se acerque a otra a una distancia establecida. En este caso se bloqueará todo tipo de comunicación entre el denunciado y la víctima, como podría ser en WhatsApp o Instagram. Para esto, se tendrá que modificar el artículo 39 del Código Penal para regular como una posible sanción penal la orden de alejamiento en Internet, de tal manera que los agresores condenados no podrán contactar con la víctima a través de las redes sociales.
En concreto, se añadirá un nuevo apartado para casos de bullying y violencia de género. También habrá inhabilitaciones especiales para desarrollar actividades en espacios virtuales. Pero estos no son los únicos aspectos de esta normativa, sino que se planea incluir la atención primaria a esta ley. Y es que, debido a los efectos nocivos que pueden provocar las pantallas y redes sociales, se pretende que haya controles pediátricos puntuales para que los expertos puedan determinar la adicción tecnológica del menor.
De este modo,se favorece la detección precoz y la prevención de patologías relacionadas con el uso de las herramientas digitales, como pueden ser la depresión o la adición a las pantallas. Además, se crearán centros especializados relacionados con la salud mental para "afrontar estas patologías" y prevenir esas adicciones y también se formará en el ámbito sanitario sobre todos los trastornos adictivos que se están produciendo como consecuencia de las tecnologías.