Desde hace varios años ya, la tecnología ha entrado de lleno en nuestras vidas, sin control ni límites hemos acogido todas estas innovaciones que han ido llegando, sin pensar en las consecuencias de la sobrexposición de la pantallas e internet, hasta que los efectos nocivos de estas han comenzado a mellar en nuestra sociedad, sobre todo entre los más jóvenes.
Al igual que el tabaco o el alcohol está prohibido para los menores de edad, porque sus efectos en una edad temprana pueden ser todavía más devastadores. Nos hemos dado cuenta por las malas que el sobreuso de la tecnología puede tener consecuencias del estilo, y es en los últimos años hemos visto cómo las generaciones más jóvenes son más propensas a sufrir de depresiones, adicciones a las pantallas y otra serie de problemas causados simplemente por el uso diario y durante horas de smartphones, tablets o consolas.
Esto ha hecho que las autoridades hayan comenzado a tratar de solventar esta problemática, con medidas como bloquear las redes sociales para los menores, regular su uso, imponer límites, además de concienciar a los progenitores, educadores y los propios menores de las consecuencias de la sobrexposición a las pantallas y redes sociales.
Si bien en España ya se han comenzado a dar los primeros pasos y, por ejemplo, en Cantabria se van a prohibir totalmente los smartphones en los centros educativos, no ha sido hasta ahora que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto de manera seria, y haya aprobado el proyecto ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Por ahora se trata de un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, gestionado por Sira Rego (Sumar), y será el punto de partida por el cual se regirá España en la gestión, protección y control de los menores en el mundo virtual.
Si bien esta normativa todavía esta expuesta a cambios, debido a que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, sí que existen algunos puntos básicos y comunes que serán la columna vertebral de esta ley.
Entre los más destacados, nos encontramos con la ordenación a todos los fabricantes de dispositivos de habilitar controles parentales gratuitos y accesibles en todos los dispositivos a los que pueda tener acceso un menor. La idea es que desde que se encienda el aparato por primera vez, ya se pueda aplicar este control para que puedan gestionar los parámetros de uso de este.
Otra de las medidas más interesantes, es que se va a crear una especie de "orden de alejamiento virtual", que al igual que una orden de alejamiento que impide que una persona se acerque a otra a una distancia establecida, en este caso se bloqueará todo tipo de comunicación entre el denunciado y la víctima como podría ser en WhatsApp o Instagram.
Pero, la intervención de los dispositivos y plataformas no son los únicos aspectos de esta normativa, sino que se planea incluir aspectos de atención primaria a esta ley. Y es que debido a los efectos nocivos que pueden provocar las pantallas y redes sociales, se pretende que haya controles pediátricos puntuales para que los expertos puedan determinar la adicción tecnológica del menor.
Y debido al auge de la IA, esta ley también tiene en cuenta los peligros a partir de esta tecnología, y para evitar casos como el que ocurrió en Almendranejo, se van a crear instrumentos para combatir los deepfakes, es decir, las imágenes falsas generadas con IA y que por norma general se utilizan para crear falsos desnudos y fotos sexualizadas de niñas.
La ley de protección digital recoge penas de cárcel de hasta dos años para los que creen este tipo de documentos falsos y recoge el agravante de su distribución por internet o redes sociales. Como decíamos, esta ley abarcará muchísimos aspectos más cuando sea aprobada para proteger a los menores y establecer mecanismos para combatir las adicciones, el acoso digital o el acceso a contenidos para adultos.
