Las buenas noticias no abundan en Alemania. Además de la inestabilidad política, el reciente triunfo en unas elecciones regionales de la ultraderecha y los bandazos del gobierno en política migratoria, la economía y la actividad solo mandan telegramas negativos. La tradicional locomotora económica de Europa sigue luciendo un crecimiento nulo tras la pandemia con los problemas de su industria copando casi cada semana los titulares. Los últimos ejemplos han sido el histórico anuncio de Volkswagen de que tendrá que cerrar plantas en el país más de 80 años después y el golpe recibido por BMW tras detectarse en sus vehículos fallos en los sistemas de frenado suministrados por Continental. En medio de este colapso, otra noticia ha reavivado el pesimismo: la decisión de Intel de aplazar la prevista construcción en Alemania de un gran fábrica de chips.
Intel ha anunciado que retrasará la construcción unos dos años en función de la demanda del mercado, después de que la empresa sorprendiera a los inversores el mes pasado con un sombrío informe de resultados y anunciara planes para recortar unos 15.000 puestos de trabajo. Intel comunicó a última hora del lunes que también posponía la construcción de una nueva fábrica en la vecina Polonia, pero que seguía comprometida con su expansión estadounidense en Arizona, Nuevo México, Oregón y Ohio.
El proyecto alemán iba a ser la mayor planta subvencionada en virtud de la Ley de chips de la Unión Europea. Prueba de la voluntad de Alemania en conseguir esa planta es que se dotó a Intel de una no exenta de polémica dotación de 10.000 millones de euros en subvenciones. Intel se había comprometido a una inversión de 30.000 millones de euros en la construcción de la factoría de chips de última tecnología en la ciudad de Magdeburgo.
Intel adquirió el terreno para el proyecto en noviembre de 2022 y la previsión era que la planta de Magdeburgo tardara entre cuatro y cinco años en empezar a producir. Para la construcción de las instalaciones, Intel preveía la creación de 7.000 empleos, a los que se sumarían 3.000 puestos de trabajo de alta tecnología. Frente a las acusaciones de que cada puesto de trabajo ha costado al contribuyente alemán un millón de euros, Intel salió al paso argumentando que "se crearán decenas de miles de empleos en diferentes industrias", informó Reuters.
"La decisión de posponer el proyecto en Alemania por dos años es una decisión que también incluye la intención de seguir adelante con él", ha valorado el canciller alemán Olaf Scholz este martes. "Para nosotros es importante aprovechar esta oportunidad en un negocio tan volátil como el de los semiconductores para garantizar que se produzca una mayor expansión de las ya profundas capacidades en Alemania", ha afirmado.
"Se trata ahora de una decisión puramente comercial que tiene que ver con la política corporativa", ha dicho, a su vez, el ministro de Economía, Robert Habeck, añadiendo que Alemania sigue comprometida con el aumento de la producción de semiconductores en Europa. El ministerio de Habeck ha transmitido en un comunicado que "ahora le corresponde a Intel volver rápidamente a un camino que permita la inversión".
Sin embargo, la decisión de Intel también ha desencadenado la enésima disputa presupuestaria dentro de la coalición gobernante de Alemania: el Ministerio de Finanzas, el liberal Christian Lindner, ha señalado que los fondos que ya no son necesarios para los subsidios a Intel deberían usarse para equilibrar las cuentas, algo a lo que Economía se opone.
Cabe recordar que el frágil Ejecutivo conformado por socialdemócratas, verdes y liberales es víctima constante de cuitas internas, especialmente en materia fiscal. Una dinámica que ha ido a más después del varapalo recibido tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el uso de un fondo ideado para aumentar las inversiones sorteando la sacrosanta regla del freno de la deuda.
Lindner es una de las principales figuras del gobierno alemán que insiste en que el país se atenga a los límites de endeudamiento establecidos por la Constitución. Sin embargo, otros ministros como Habeck han presionado para que se reforme o suspenda el mencionado freno de la deuda, con el fin de ayudar a financiar inversiones necesarias en tecnología e infraestructuras en ruinas.