Hay decisiones que resultan desastrosas apenas unos días después. En esta crisis hay una que sobresale del resto: la asunción por parte del Ministerio de Sanidad de controlar y centralizar las compras del material sanitario necesario (y muy urgente) para su posterior reparto. Tanto empresarios como responsables políticos, tanto de un signo político como de otro, coinciden en que la decisión de Salvador Illa fue un completo error que ha agudizado la tasa de contagios por no disponer de material de protección. | EN DIRECTO: Todos los detalles de la evolución del coronavirus
Para entender bien por qué el Ministerio de Sanidad se equivocó hay que saber cómo funciona el Sistema Nacional de Salud desde que se cedieron las competencias. Hoy son las comunidades autónomas las que están preparadas tanto para asumir costes de manera inmediata como, sobre todo, para saber a qué puertas hay que llamar para conseguir el material necesario. Son éstas las que tienen el equipo humano, los recursos técnicos y el bagaje profesional para agilizar las compras, sobre todo si hay que actuar con urgencia.
Los últimos secretarios generales de Sanidad coinciden en esta idea, así como la ministra de Sanidad en la última legislatura de Rajoy, Dolors Montserrat. "El error es la falta de previsión, la mala gestión y la absoluta descoordinación entre Ministerios", comienza a explicar la hoy eurodiputada del Partido Popular. Si analizamos esta primera crítica, hay que buscar respuestas en por qué durante la fase de acopio, no se hizo nada. "Si en enero, ante las alertas de la OMS, China y la UE, se hubiera puesto en marcha la central de compras en Ingesa (único órgano del que dispone el Ministerio y que se utiliza para surtir a Ceuta y Melilla, además de algunas compras concretas) con la participación de las comunidades y las empresas privadas no estaríamos sin material de protección para los sanitarios, los farmacéuticos y todas las profesiones de riesgo. No tendríamos compras bloqueadas en aduanas, cargamentos sin pagar, sin respiradores y sin test masivos", afirma.
El paso siguiente que dio Sanidad fue el de tomar las riendas de las compras. El ex secretario general del Ministerio que tuvo que lidiar con la crisis de la hepatitis C, Rubén Moreno, señala que es un error. "Hubiera tenido sentido en una fase previa, en la de acopio de material, pero como no se hizo, ya no tiene sentido porque no hay la agilidad necesaria. Las autonomías saben hacerlo e interceptar sus compras bajo una concepción errónea de equidad ha sido un error", dice. También el último secretario general que lidió con una pandemia (la gripe A), José Martínez Olmos, piensa que se ha actuado tarde, aunque reparte culpas. "Nadie hizo la fase de acopio, las comunidades tampoco y la alarma era para todos", dice, y recuerda que él ya avisó tras la crisis de la gripe A que hay que disponer de "una reserva estratégica para evitar situaciones de emergencia".
El último de los secretarios generales, Ricardo Campos, quien también trabaja estos días en los hospitales, reconoce que "las carencias son importantes". Además, señala que lo más normal es que "las comunidades quieran comprar para no llegar a los niveles de Madrid".
La decisión de asumir unas competencias que son propias de las autonomías en tiempos de urgencia "es un error estratégico", señala el ex portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados por el PSOE, Jesús María Fernández, quien explica que los recursos humanos en el Ministerio son escasos desde que no hay competencias. "No hay capacidad de respuesta rápida y no se tenía que haber centralizado porque hemos perdido unos días valiosos", explica. De una forma u otra, y ante el avance de la pandemia, estas opiniones llegarían hasta el Ejecutivo de Sánchez cuando el día 19 de marzo, tras una semana de intentos de compra infructuosos, Illa dijo que las autonomías que quisieran podían comprar.
El Ministerio se ha escudado en un mercado agresivo pero, ¿qué significa esto último? "Que el Ministerio está tratando de tener las garantías de la burocracia en tiempos de guerra", señala el presidente de la patronal de farmacéuticos FEFE, Luis de Palacio. El dirigente empresarial explica que Sanidad ha ido acumulando errores desde que decidió hacerse con las riendas y que estos han provocado que el material no esté en España. "Los importadores, que son españoles que trabajan en China, se habían puesto a disposición y ni siquiera han recibido contestación para traer dos millones de mascarillas. La burocracia es insufrible para estos momentos. Sanidad le rebota la petición al Ministerio de Comercio, luego éste lo devuelve y el Ministerio lo vuelve a enviar a la Agencia del Medicamento para que valide y luego le quieren otorgar ellos el precio. Hace 10 días que China abrió el grifo y nosotros nos hemos quedado los últimos", señala.
Las 'decisiones médicas'
Los profesionales sanitarios no quieren valorar ahora al Gobierno, su "urgencia es otra", dicen. Sin embargo, sí que hay una decisión que no entienden: contratar jubilados, ya que forman parte del grupo de riesgo y se exponen en zonas de alta transmisión del virus. Así lo asegura el presidente de la Sociedad de Urgencias y Emergencias (Semes) de la Comunidad Valenciana, Javier Millán, quien también explica que "España tiene una curva de contagio más pronunciada que Francia o Alemania a pesar de haber empezado después".
El ex asesor de Sanidad de Podemos (ahora en Más Madrid), Javier Padilla, muestra además su preocupación por los contagios en médicos. "La cifra es alucinante", dice, y lo achaca a la falta de material protector.
