Madrid
El sistema de mutualidad en España está amenazado. La llegada al Ministerio de Sanidad de Mónica García pone el cronómetro a un modelo que siempre ha estado en el ojo del huracán para los partidos situados a la izquierda del PSOE. La líder de Más Madrid, que asume el programa de Sumar, tiene entre sus compromisos con los votantes acabar con Muface. Así lo transmitía el programa con el que se presentó a las elecciones el partido capitaneado por Yolanda Díaz, pero es que además la guerra contra el modelo viene desde años prepandémicos.
Ya en 2019, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sellaron su acuerdo en un abrazo, el documento firmado por ambos líderes contemplaba acabar con el sistema de mutualidad en España. En palabras afirmadas a elEconomista.es entonces, la expresión que se utilizaba era 'dejarlo morir', algo que si se escucha las demandas de las empresas que prestan el servicio se está cumpliendo, ya que la queja más aireada es la falta de financiación que tiene el modelo.
De hecho, hace unos meses, este periódico informó en exclusiva de que DKV, una de las tres firmas aseguradoras, avisaba de que si continuaba la situación, no volverían a prestar el servicio. El responsable de la aseguradora explicaba que la media anual que cobran por asegurado es de 1.000 euros al año. DKV tiene una cuota del 10% de los funcionarios afiliados a Muface, por lo que sus ingresos rondan los 200 millones. Sin embargo, la aseguradora también denunciaba que el sistema es deficitario en 160 millones anuales, cifra que afecta en proporción a las tres compañías que sostienen el sistema. "Nuestras pérdidas son de 20 millones al año", afirma.
La idea de acabar con Muface, por tanto, parece que nació en la anterior legislatura y que puede certificarse en la presente. Si el objetivo es dejar que, poco a poco, vaya siendo deficitario, no habrá empresas que concurran. Sin embargo, hay un dato que puede volverse en contra de los planes de Mónica García. Si pagan 1.000 euros al año por asegurado pero la media per cápita de gasto sanitario se sitúa en torno a los 1.400, el incremento del gasto en sanidad se dispararía, tanto para el gobierno central como, sobre todo, para las autonomías.
Deberes heredados de García
Entre los deberes que existen en el Ministerio de Sanidad, hay dos cajones repletos de papeles: el que corresponde al sector farmacéutico y el que atañe a la sanidad privada. Comenzando por el primero de ellos, la Estrategia Farmacéutica debería haber visto la luz a lo largo de este año, circunstancia que no ha ocurrido. Dentro de este catálogo de normas, hay dos iniciativas distintas, pero directamente relacionadas.
Por un lado, el Gobierno quiere asegurarse una producción local de medicamentos que considera esenciales, así como también ser un polo de atracción de inversiones para moléculas más complejas. Para ello, dispone de una promesa del sector farmacéutico consistente en 8.000 millones de euros, pero que no salen gratis. A cambio se ha pedido una reforma legislativa que facilite la entrada en la financiación pública de las innovaciones farmacéuticas, donde España tarda más de 600 días a pesar de que las directrices europeas ponen el máximo en 180 días.
En este campo ha habido trabajos, pero todavía ninguno ha llegado a puerto. Se desterró la idea de un cambio profundo a través de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento por falta de tiempo y a cambio se ofrecieron dos Reales Decretos que aún están en pañales. Ahora le tocará al departamento de García culminar los trabajos, si es que su idea es continuista con la del Ejecutivo anterior.
Por otro lado, para aumentar la fabricación de medicamentos considerados estratégicos se debe retocar otra medida política: el Sistema de Precios de Referencia, que reduce anualmente el precio de los medicamentos antiguos. La razón no es otra que la rentabilidad, ya que en muchos de esos países los costes son mucho menores que en España y el precio de estos tratamientos, en muchos casos, ronda el euro. Por ello, el sector solicitó que esos medicamentos a producir salgan del Sistema.
Por otro lado, quedó pendiente la ley de Equidad, donde se pone en jaque el desarrollo de la sanidad privada en España. La opinión del sector en este punto es claro: no quieren ni en pintura que el texto salga adelante en su articulado actual. El articulado supone la derogación de facto de la normativa 15/97, que permitió el desarrollo de la sanidad privada en España. Estos conciertos suponen alrededor del 11% de la facturación del sector, un bocado que hará temblar los cimientos del sector.
Las empresas también reclaman que se agilice la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios. La explicación es la falta de profesionales que hay en España, donde según datos de la OCDE, un tercio se jubilará antes de 2030. En este apartado, Sanidad aprobó alguna iniciativa, pero no ha sido suficiente hasta la fecha.
