El Gobierno tiene disponibles 15.000 millones que en principio se iban a destinar mayoritariamente para contener el precio de la energía y ayudar a los ciudadanos para frenar la escalada del precio de los alimentos. En el último año se ha aprobado un paquete de medidas con el objetivo de hacer frente a la inflación y combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania por importe de 23.100 millones, que en la mayor parte de los casos tiene fecha de caducidad a 31 diciembre.
Es el caso del coste de la denominada excepción ibérica para limitar el coste del gas -aunque en este se extiende hasta mayo-, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante; la rebaja de impuestos a la electricidad o las ayudas a familias y autónomos.
A la espera de que se puedan prorrogar o no estas ayudas, el Gobierno cuenta con un colchón suficiente en pleno año electoral para no tener que aprobar nuevos impuestos sobre la distribución comercial ni estrechar aún más sus márgenes o topar el precio de los alimentos, tal y como llegó a proponer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La cuestión de fondo es que mientras que hasta ahora la energía ha sido la principal responsable de la subida de los precios, los alimentos son los que más están tirando del IPC, con un incremento del 15,3%, golpeando así a las familias que disponen de menos ingresos y son, por lo tanto, más vulnerables.
Medidas extraordinarias
El Ejecutivo, que dejó fuera de los Presupuestos el coste de las medidas extraordinarias para el año que viene, envió a la Comisión Europea un anexo a los mismos, que ponían sobre el papel un margen fiscal de entre 15.000 y 20.000 millones de euros derivado de unos primeros cálculos de ingresos más austeros. Y es que, según Hacienda, el impulso de los ingresos de la Agencia Tributaria iba entonces al doble de lo previsto por el departamento de María Jesús Montero, con una mejora del 18% hasta la elaboración de las cuentas de 2023.
Desde Aecoc, la mayor organización de fabricantes y distribuidores de España, reclaman que se puedan utilizar además los 32.000 millones de ingresos extraordinarios derivados de la inflación para bajar de forma temporal el IVAde los alimentos. No obstante, el objetivo final de Moncloa es reservarse ese colchón para reducir las actuales cifras de déficit y cumplir con los requisitos que Bruselas empezará a exigirle a partir, posiblemente, de 2024. Durante los últimos meses, el presidente de Aecoc, Ignacio González, ha insistido una y otra vez que "el sector no es el culpable de la inflación, sino una víctima más", reclamando al Gobierno que sea solidario.
Sin freno
El Ejecutivo tiene ahora la decisión en su mano para evitar que los alimentos sigan aumentando su precio después de las últimas subidas registradas. De momento, si se comparan los datos del pasado noviembre con los del mismo mes de 2021, el mayor aumento de precio se aprecia en los aceites (+55,9%), el azúcar (+50,2%), las harinas y otros cereales (+37,6%) y la mantequilla (+37,5%). Al comparar los datos entre noviembre y octubre se aprecia el mayor encarecimiento en el aceite de oliva (+9%), seguido del azúcar (+5,7%).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para contener el precio de los alimentos, pero la incertidumbre en el sector es máxima porque, hasta ahora, se desconoce en qué van a consistir. En principio, el impuesto que ha planteado Podemos quedaría ya fuera del plan tras el fuerte rechazo que ha provocado en varios ministerios. Agricultura, Economía e Industria y Comercio han mostrado ya, en este sentido, su oposición frontal.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha declarado en sucesivas ocasiones durante las últimas semanas que el caso de la distribución no es el mismo que el de la banca o la energía; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha cuestionado esta misma semana que la nueva tasa sea una medida eficaz y la titular de Industria, Reyes Montero, fue incluso más allá y descartó totalmente el pasado jueves que se fuera a aprobar.
Topar los precios
La otra propuesta planteada por Yolanda Díaz, la de topar el precio de los alimentos, se podría llevar a cabo legalmente, según la Ley de Comercio, siempre que se justifiquen las medidas excepcionales, pero es también rechazado por la mayor parte del Gobierno al entender que podría dañar al sector, que trabaja ya con unos márgenes muy estrechos, que no llegan ni al 3%. Y eso sin tener en cuenta un posible desabastecimiento.
"Si se obliga a una determinada cadena de supermercados a vender por debajo de costes un determinado producto, como puede ser el pan, los huevos o la leche, lo que va a acabar pasando es que, o bien se suben los precios de los alimentos no topados para compensar o se dejan de vender estos productos", explica un directivo del sector de la distribución. No hay duda así de que solución más viable es que el Gobierno utilice el colchón extra del paquete de ayudas para contener los precios.